Hacia una ciudadanía integral
La democracia en América Latina
Juan Rial
 

-La Tercera Ola de Democracia en América Latina.
-Democracia y ciudadanía
-La ciudadanía política
-La ciudadanía civil
-La ciudadanía social
-Hacia una ciudadanía integral.
-Presidencialismo, parlamentos y descentralización
-La necesidad de reconstruir el estado.
-La economía y la democracia
-Conclusión


La tercera ola de democracia en América Latina

1. Hacia 1978, en Ecuador y Perú se abrió una época sin precedentes en la región Latinoamericana . Comenzó un proceso de cambio de regímenes políticos abandonando, poco a poco los regímenes autoritarios, represivos o “progresistas”, para dar paso a regímenes democráticos. El énfasis estuvo puesto en la recuperación o en la instauración de los derechos políticos plenos para sus ciudadanos, siendo el hecho más relevante la realización de elecciones libres y justas. Tras la primera era de democratización que se dio con el advenimiento de la independencia, en la que instauraron regímenes oligárquicos asediados constantemente por guerras civiles y pronunciamientos militares se dio una segunda ola de democratización al finalizar la segunda guerra mundial –en algunos países muchos antes- al extenderse la ciudadanía todos los hombre sy mujeres, al plantearse garantías para el ejercicio del voto y al incorporar a la vida ciudadana con mejores oportunidades a buena parte de la poblacipón llevando adelante estados asistencialistas o de bienestar, que, en principio crearon, con mayor o menor éxito estratos medios importantes. Algunos de los países de la región no alcanzaron esta etapa de democratización, aunque el desarrollo social haya sido importante, como fue el caso de México, que instauró un régimen de partido hegemónico. La mayoría de los centroamericanos y caribeños mantuvieron regímenes patrimonialistas, prebendarios.

2. La prédica en favor de la gobernabilidad, que suponía contener el exceso de demandas sociales que habían promovido los diversos refímenes “populistas” con sus estados asistenciales o de bienestar, y la convulsión revolucionaria que buscó imponer una vía al socialista terminó con esa segunda ola de democratización. La tercera fue el producto de un cambio de las correlaciones externas que llearon a dejar caer el apoyo de la potencia domiante en la región hacia las dictaduras existentes, aunadas a procesos locales de cambio político. La tercera de democracia en América Latina con problemas, sin embargo, muestra un largo período de democracia en la región. Entre los problemas hay que citar la recaída en el “cesarismo civil” del régimen plebiscitario de Alberto Fujimori en Perú, entre los años 1992 y el 2000, algunos intentos de golpe o autogolpe fracasados, como los de Venezuela también en 1993, Guatemala en 1993, nuevamente Venezuela en el 2002, con crisis que determinaron el fin de mandatos presidenciales antes de culminado el tiempo previsto para el mismo, como en Argentina, Bolivia y Ecuador. Pese a estos contratiempos, nunca en la historia de la región ha habido tantos regímenes democráticos, ni han durado tanto tiempo.

3. La democratización recibió un fuerte impulso luego de la finalización de los regímenes autoritarios del sur del continente y de la terminación de los conflictos armados en América Central, que languidecían a fines de los años ochenta junto con la guerra fría y el finiquitado imperio soviético. Los citados intentos de golpe militar que no llegaron a culminar con su propósito, motines militares, agitación popular en las calles, y las crisis de diverso alcance, que motivaron la renuncia o expulsión de presidentes, mostraron a un régimen político resistente a esos embates. En todos los casos, se buscó una salida que preservó el orden jurídico existente y la democracia se impuso. Aún en el caso de la ruptura institucional peruana de 1992, el régimen que le siguió busco formas de representación para las minorías, aprobando una nueva Carta constitucional, y durante su gobierno la “diarquía” Fujimori-Montesinos trató de mantener el régimen dentro de un marco moderado, de modo que si bien pueden citarse casos de abusos a los derechos humanos, los mismos resultaron notoriamente menores frente a los producidos por las organizaciones insurgentes, especialmente Sendero Luminoso, de acuerdo con los resultados del informe de la Comisión de la Verdad que entregó su informe en el 2003. En Ecuador procesos de desplazamiento de presidentes de dudosa legalidad, como los ocurridos con Bucaram y Mahuat, fueron “remediados” por los regímenes que siguieron para completar el mandato de los destituídos.

4. Como en otras partes del mundo, la ola de democratización se dio al mismo tiempo que hubo cambios notorios en el escenario mundial. La desaparición del llamado “bloque socialista” canceló una opción de organización política-social que sólo sobrevive, testimonialmente, en escasos países, entre los que se encuentra Cuba. El pensamiento y la ideología para “tener un mundo mejor” debió buscar nuevas formas, pasando originariamente por un momento de derrota y admisión de inferioridad frente a las triunfantes fuerzas de quienes propugnaron una sociedad de mercado.

5. El avance incesante de nuevas tecnologías, la fuerte expansión del capitalismo financiero con sus instrumentos acrecentados constantemente, el cambio en las formas de producción y distribución, la apertura de fronteras para capitales, mercancías y fuerza laboral, permitieron una gran trasformación, aún en curso, que condiciona la vida cotidiana de nuestros días. Se suele denominar a este cambio con el nombre de “globalización” o “mundialización”. La transformación ha sido acompañada de un nuevo pensamiento y acción respecto al papel de los Estados, los gobiernos, las políticas económicas y sociales y las prácticas de política cotidiana.

6. América Latina no fue ajena a estas influencias. La democracia instaurada en algunos países que prácticamente la desconocían, o restaurada en otros, implicó primero el reconocimiento de los derechos clásicos de la ciudadanía política y civil, pero pronto encontró límites. No fue posible su expansión al campo de la ciudadanía social y la profundización del alcance de la ciudadanía civil y política de todos los habitantes de la región tuvo alcance limitado.

7. Como en otras regiones del mundo la democracia convive con la pobreza. Hacia el 2003 el 43.9 % de los habitantes de la región calificaban como pobres y la llamada “pobreza extrema” afectaba al 19.4 % de su población . Comparativamente, a escala mundial, la región latinoamericana es una de las que registra los mayores niveles de desigualdad de ingresos entre los diversos estratos de de su población, inequidad que hace muy difícil que todos pueden tener las mismas oportunidades.

8. América Latina se ha alejado de los riesgos de la quiebra institucional por la vía clásica del pronunciamiento de los jefes militares. Si llegaran a producirse golpes de estado, asumirían nuevas formas, sustancialmente apoyando formas de “cesarismo civil”. Hoy, las fuerzas armadas de la región se atienen a la letra de las Constituciones de los diversos países, que, en todos los casos, indican que deben defender el régimen que establecen esas Cartas fundamentales. La interpretación que suelen dar las corporaciones armadas a esa disposición es que deben defender la estabilidad y el orden público y que quien debe asegurarlo es su inmediato superior: el poder Ejecutivo. Los mandos militares hacen una distinción clara: la fuerza defiende la institución presidencial, sin que ello signifique que tengan que defender hasta el fin al titular de la institución en ese momento. De ahí que se haya podido buscar, con el apoyo armado, soluciones constitucionales, o quasi constitucionales, para varias de las crisis registradas en la región.

9. Las fragilidades de la democracia, son en gran medida resultado del éxito de los procesos políticos iniciados más de dos décadas atrás. La imposición creciente del liberalismo político, con las garantías para expresarse, por medio del derecho de reunión, por la asociación pacífica que mostró el crecimiento de organizaciones de muy diverso tipo, tamaño y propósito, por la realización de elecciones y por todo el ejercicio de los derechos consagrados en los marcos legales, hizo que se demandara profundizarlos. Se quiso que esos derechos alcanzaran a todos, no sólo a los sectores medios o a aquellos vinculados al mercado.

10. Las demandas sobre los gobiernos y los sistemas políticos alcanzaron fundamentalmente a los llamados derechos sociales, que, en la mayoría de los casos, no tienen capacidad de atender. La instauración o restauración democrática sólo implicaba un marco de libertades, no un cambio que permitiese una mejora en los niveles y en la calidad de la vida cotidiana de la masa de los habitantes de la región afectados por pobreza, exclusión y la pérdida de identidad, en tanto miembros de la comunidad, que ella conlleva.

11. En una región donde la construcción estatal siempre precedió al desarrollo de la sociedad y de las instituciones intermedias, el Estado es mirado con expectativa, dado que ha sido el tradicional protector, el “escudo de los débiles” y, a la vez, es visto con recelo, porque no puede seguir jugando ese papel, ante la imposición de rígidos marcos de apertura hacia el mercado exterior que implicaron recortar el poder y la acción social de las organizaciones estatales. Dado que los partidos políticos todavía tienen por referente sustancial el Estado también sufren ese deterioro, y en lugar de seguir funcionando como órganos de agregación de intereses, cada vez más son meras máquinas electorales a la busca de recompensas y premios por conseguir votos para sus líderes.

12. Se trata de Estados que en su gran mayoría no llegaron a consolidar un proceso de contrucción de una nación con identidad fuerte, sentida por todos sus habitantes. Los patrones de identidad de varios de los países de la región tendieron a privilegiar las ideas de raza, casta y, durante un tiempo, de clase, por sobre los de nacionalidad y cultura compartida. La guerra, el gran forjador de nacionalidades, si es que uno se atiene a la experiencia del occidente europeo, no tuvieron por lo general el fin de la consolidacipón nacional sino el ajuste de cuentas entre facciones de los sectores dominantes, la eliminación de razas consideradas inferiores, o subyugar clases subalternas. Rara vez las guerras enfrentaron a naciones entre si . Este hecho que lleva a un patrón diferente de construcción nacional, sin embargo, podría haber sido favorable para ensayar una vía diferente, pero el hecho no ha sido internalizado por los sectores que han conducido la vida política de estos estados. La multicultaridad de buena parte de los países de la región ha sido vista como un obstáculo, más que como un desafío para construir una entidad política de cuño diferente. Sin embargo, desde afuera de la región se la visto como un todo y las recomendaciones acerca de las políticas públicas a seguir fueron uniformes, cualquiera se tratara el Estado de la región.

13. El llamado “consenso de Washington” (vide infra) imponía reformas estructurales profundas a los países de la región. Las mismas se suponía que generarían crecimiento económico que permitiese atender las demandas de la población. Las reformas que implicaron políticas de ajuste para reducir los déficits fiscales, contener procesos inflacionarios implicó la reducción de la maquinaria del estado, la privatización de empresas públicas, la reducción de los programas nacionales de salud pública, educación y previsión y bienestar social. Muchos programas desaparecieron, otros se privatizaron y parte de los que sobrevivieron se “focalizaron”, adquiriendo un carácter meramente remedial, perdiendo la universalidad de su alcance y el propósito de promover la movilidad social ascendente. En circunstancias notoriamente desfavorables y tras notorios fracasos se está planteando, nuevamente y tímidamente la necesidad de que el Estado retome las funciones de orientador o regulador de la sociedad.

Democracia y ciudadanía

14. La democracia supone el desarrollo integral de la ciudadanía, lo cual implica tanto el pleno ejercicio de los derechos políticos, como los civiles y sociales. Desde este punto de vista la democracia es más que un método para elegir y ser elegido. Su sujeto el ciudadano, no es solamente un votante, que eventualmente también puede ser un candidatos, también debe tratar de realizar las otras dimensiones de la ciudadanía.

15. La ciudadanía política incluye “el derecho a participar en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros”. Las instituciones representativas más conocidas son el parlamento y las Consejos regionales y las Juntas o Concejos de gobierno regional. También se vota por mandatarios regionales o locales y si el sistema es presidencial se elige directamente al titular del pode ejecutivo La ciudadanía civil se compone de los derechos para la libertad individual: “libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derechos a la justicia. Este último es de índole distinta a los restantes, porque se trata del derecho a defender y hacer valer el conjunto de los derechos de una persona en igualdad con los demás, mediante los debidos procedimientos legales. Esto nos enseña que las instituciones directamente relacionadas con los derechos civiles son los tribunales de justicia”. Finalmente, la ciudadanía social “abarca todo el espectro, desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme los estándares predominantes en la sociedad. Las instituciones directamente relacionadas son, en este caso, el sistema educativo y los servicios sociales.”

16. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está en la base de esta noción extendida de ciudadanía sistematizada por Marshall que acabamos de citar. La declaración establece que “…las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad…”

17. Amartya Sen ha enfatizado en la necesidad un compromiso social en favor de la liberta individual que se refiere tanto a la libertad positiva como a la negativa, así como alas relaciones recíprocas entre ambas. De acuerdo con esta posición la libertad en sentido positivo es la de hacer algo, teniendo en cuenta todo lo que una persona puede cumplir, sin tener que discriminar factores causales. La libertad negativa es la referida a las ingerencias externas que pueden privar a una persona en su libertad de acción, o ser libre de algo, que implica la necesidad de no tener restricciones impuestas por una autoridad o por otras personas . Alcanzar estos grados de libertad presupone una expansión de las nociones de ciudadanía, que van notoriamente más lejos que las que solemos aceptar corrientemente. El futuro de la libertad política y social depende de como se manejen los conflictos presentes, en el fondo, se trata de la cuestión de la redistribución. Un principio de justicia social indica que para responder a un conflicto habría que actuar en favor de los sectores desposeídos, pero esto remedia, pero no elimina el conflicto. Conseguir una respuesta equitativa, buscando una distribución más justa para favorecer las libertades individuales es un desafío que parece que presentará constantemente. Sen siguiendo el concepto inicial de Mahbud Ul Kaq ha propuesto un concepto amplio de desarrollo humano, que implica la complementariedad de los derechos políticos, civiles y sociales, ofreciendo un fundamento para incluir la ciudadanía social en un análisis de la democracia . Se necesita también que la aproximación tenga en cuenta la sensibilidad, las emociones de los seres humanos que componen la ciudadanía. No se trata, sólo de atender necesidades materiales, importa mucho como hacerlo .

18. En este marco se ha desarrollado el concepto de Desarrollo Humano, que tiene un contenido de continuidad, implicando la expansión de las funciones y capacidades de la humanidad. Se trata de un proceso que tiende hacia un fin, utópico por cierto, pero que permite ir avanzando en etapas para obtener mejores niveles y mejor calidad de vida. Se basa en el respecto y las garantías a los derechos humanos, en la sostenibilidad de ese proceso y en alcanzar grados aceptables de seguridad, que permitan una participación en las decisiones sociales colectivas.

19. Estas nociones se contraponen con las dominantes entre los politólogos donde la mayoría favorecen nociones restringidas de democracia como Robert Dahl, pese a que han insistido en que algunos aspectos de la ciudadanía civil, tales como los derechos a la formación de organizaciones sociales, a la libre expresión, al acceso a fuentes de información alternativas, son tan fundamentales como el proceso electoral y que deberían ser incluidos en una definición de la democracia .


La ciudadanía política.

20. El nivel de participación electoral en América Latina es bastante alto si lo comparamos con el resto del mundo: alrededor del 65% de los potenciales votantes han participado en las elecciones celebradas entre 1990 y 2003 . Este nivel de participación en la mayoría de los países obedece, en muchos casos, a la obligatoriedad del voto por disposiciones constitucionales y/o legales. Sin embargo, es preciso anotar que algunos países de la región registran niveles bajos de participación. Estas excepciones surgen en contextos en los cuales el registro electoral no incluye a todos los ciudadanos potenciales y/o el voto no es obligatorio o, siéndolo, no hay acciones eficaces en contra de quienes no lo ejerzan. Salvo contadas excepciones, en América Latina las autoridades electas (parlamentarios o presidentes) han surgido de comicios donde la participación ciudadana ha sido mayor al 50 por ciento.

21. En una democracia, los partidos políticos son el instrumento por excelencia para la agregación y representación de intereses, para la canalización de la participación ciudadana, para la formulación de agendas de gobierno, la formación de líderes políticos y la educación de la ciudadanía. Teniendo en cuenta el papel de los partidos como agentes de representación entre la sociedad civil y el Estado, la crisis de los partidos en América Latina constituye una de las deficiencias más importantes de las democracias de la región. Siguiendo un patrón común a otras zonas del mundo, en muchos casos, los partidos políticos han dejado de ser los únicos protagonistas de la política cotidiana para ser acompañados y/o reemplazados por movimientos ad hoc, muchos de los cuales giran en torno a caudillos carismáticos o por lo que podemos llamar “partidos sociales”, organizaciones sin mucha vocación para la política tradicional sistémica, que buscan formas más “anárquicas” y más ampliamente participativas de acción colectiva.

22. La falta de organización y disciplina partidaria y la fragmentación, con que suelen presentarse este tipo de nuevas organizaciones dificultan notoriamente la capacidad de gobernabilidad. No sólo a nivel del poder Ejecutivo, y de las relaciones de esta rama con el parlamento. La conformación de parlamentos muy divididos no sólo hace difíciles la tarea legislativa de formular leyes, sino que lleva a extremar los aspectos duros y confrontativos de la fiscalización. Además, el fenómeno del “transfugismo” –el abandono del partido por el cual se logró la banca parlamentaria, agrava los problemas de credibilidad en los partidos por parte de la población. De acuerdo con los sondeos de Latinobarómetro, el nivel de confianza en los partidos políticos cayó de 20% en 1996 al 11% .

23. Como es también común en buena parte del mundo ha aumentado la participación de la mujer en los parlamentos y aún en el poder Ejecutivo. No se llega a la situación de equidad que presentan los países nórdicos, pero en muchos de los países esto es el resultado de un proceso de acción discriminatorio con sentido positivo hacia las mujeres. En once países de la región existen leyes con ese propósito. En los entre fines de la década de los 1980 y el 2003 el promedio de mujeres en los parlamentos ascendió del 8% al 15% . Claro que ocurre cuando la confianza ciudadana en la institución parlamentaria es baja. Algunos países tienen normas o prácticas que alcanzan también al Ejecutivo. Costa Rica establece un 40% de umbral mínimo para cualquier sexo en cada cargo a elegir. Esta norma ha asegurado que las vicepresidencias hayan sido ocupadas por mujeres. Prácticas informales iniciadas ya hace más de una década en Colombia determinan que los Ministros y Subsecretarios sean de diferente sexo. Normalmente en Colombia puestos muy relevantes en el gabinete son ocupados por mujeres.

24. La conformación social de muchos de los países de América Latina ha hecho que en varios de ellos, los indígenas, negros y los mestizos constituyan segmentos excluidos del ejercicio efectivo de la ciudadanía política. El número de indígenas en los parlamentos si bien se ha incrementado, todavía no ha logrado una “representación en espejo” de la situación demográfica existente . Los diversos movimientos indígenas lograron este cambio, mientras que los países con número relevante de negros o mestizos de negros no han dado origen a movimientos similares y la representación continúa siendo relativamente baja . Contados países han practicado una política tendiente a su integración y protección efectivas a través de medidas de discriminación positiva.

25. Durante el proceso de democratización han aparecido en los ordenamientos constitucionales de la región otras instituciones de participación ciudadana, tanto formales como informales, que escapan al concepto clásico de la democracia representativa. Los mecanismos de democracia directa, tales como plebiscitos de reforma constitucional eran instrumentos ya conocidos en el pasado. En los últimos veinte años se han agregado referendos contra leyes, consultas promovidas por el Ejecutivo, o el Congreso, o grupos de ciudadanos, algunos con carácter vinculante otros meramente consultivos, revocación de mandato , así como se previó, aunque todavía no se han usado mecanismos de iniciativa popular, sea ad parlamentum o directamente para sancionar leyes . Desafortunadamente, los mecanismos de democracia directa, en algunas oportunidades, tienen un efecto no buscado, que contribuye a la desestabilización política.

26. También se han abierto nuevos espacios para la participación ciudadana a través de agencias públicas especializadas a las que el ciudadano puede recurrir, tales como las defensorías del pueblo, procuradurías de derechos humanos, y fiscalías especializadas. Sin embargo, estas instituciones al reconocer y autorizar reclamos individuales, en ocasiones causan un decreciente nivel de acciones colectivas ciudadanas en pos del mismo tipo de objetivos .

27. Las instancias informales de participación se ejercen frecuentemente a través de mecanismos de comunicación social, por medio de una miríada de organizaciones y no de grandes entes colectivos. Comparado con los niveles de participación e influencia de actores sociales que hace algunas décadas tuvieron un gran protagonismo, como los sindicatos, el impacto de la participación de estos mecanismos informales, hoy en día, no es necesariamente mayor. Por tanto, las nuevas formas de participación ciudadana no se traducen automáticamente en canales efectivos para el ejercicio de una ciudadanía política más activa.

28. Una forma recurrente de expresión de estas nuevas instancias informales han sido los acuerdos o pactos nacionales, o los mecanismos de concertación que reúnen a organizaciones de la sociedad civil, del ámbito empresarial con el gobierno y con el sistema político en su conjunto.

29. La fórmula política de la región es el Presidencialismo. En algunos países se han incorporado institutos propios de los regímenes parlamentarios, tales como la figura de un Ministro Coordinador, como ocurre en Perú (llamado Primer Ministro), la presentación del gabinete ante el parlamento, los pedidos de informes a los ministerios y la posibilidad de llamar a sala a los Ministros para solicitarles informes o interpelarlos. En Uruguay existe la censura al ministro con Consejo de Ministros que puede permitir como respuesta la disolución del parlamento por parte del Ejecutivo y el llamado a una nueva elección, en la cual el Presidente no pone en juego su cargo. Sin embargo, todas estas restas no hacen a la esencia del presidencialismo.

30. Este diseño institucional hace que el poder Ejecutivo sea la institución que tienen mayores poderes, aunque depende de cada país el alcance de los mismos. La existencia del veto favorece una estructura de separación de poderes entre las ramas ejecutiva y legislativa, y en varios países existe la posibilidad de la delegación legislativa. Pero, de todos modos, en las últimas décadas han crecido las limitaciones de hecho a los poderes presidenciales. En muchos casos la conformación parlamentaria no permite al gobierno contar con mayoría, por lo que se produce el bloqueo constante a las iniciativas del Presidente y sus ministros. Sin embargo, los intentos de promover un cambio hacia al parlamentarismo, tema en la agenda de discusión política a principios de los años noventa del siglo pasado fracasaron, fundamentalmente, por la oposición de la masa de la clase política y la poca comprensión del tema por parte de los formadores de opinión en los medios de comunicación social. La evolución más reciente que llevó a la ruptura del monopolio de los partidos sobre la acción política dificulta aún más la posibilidad de resolver el problema de una Presidencia percibida como fuerte, pero cuya debilidad es notoria a la hora de gobernar efectivamente.

31. Formalmente los poderes judiciales son independientes de los otros poderes del estado. En la práctica, hay limitaciones notorias a esa independencia. En primer lugar por el grado de ingerencia de los partidos políticos o formalmente por parte de éstos y el Presidente en la nominación de Jueces. En segundo término por la influencia de poderes de hecho en las decisiones judiciales. En tercer lugar por la falta de presupuesto adecuados para desempeñar la función, lo que también afecta la calidad del personal que pueden reclutar los poderes judiciales de la región. A ello hay que agregarle los efectos que tienen las reformas legales que tienden a introducir normas del derecho de cuño “anglo” en un marco que ha sido hasta el presente predominantemente “continental europeo”, dado por resultado híbridos de difícil aplicación práctica.

32. La judicialización de la política, fenómeno también conocido mundialmente, se ha abierto camino en la región. Vista la escasa capacidad de resolver problemas políticos que tienen las instituciones representativas y la falta de diálogo entre partidos y clase política, en más de una ocasión se recurre al ámbito judicial. Razones válidas o pretextos permiten crear casos o presuntos casos que derivan hacia los Jueces que, de este modo tienen que entrar en la contienda política a través de su tarea normal, tratar de impartir justicia. Obviamente, éste fenómeno lleva a buscar influencias en la designación de magistrados y como contraparte a un acercamiento muy notorio de los Jueces a las elites políticas. No hay duda que toda contienda judicial que toca intereses importantes, o que refiere a las acciones u omisiones de miembros de la clase política asume un carácter que hace difícil mantener la necesaria neutralidad apartidaria que denen llevar adelante los jueces. No hay duda que no pueden ser neutrales con los principios constitucionales y legales que hacen a la esencia de la justicia. Allí estaría su límite para actuar políticamente.

La ciudadanía civil

33. El derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a la privacidad, la libertad de movimientos, la de libre asociación y la libertad de expresión constituyen el núcleo que conforma la ciudadanía civil. Estos derechos se encuentran consagrados constitucional y legalmente en todos los países de la región y protegidos por convenciones internacionales a las cuales se ha adherido la casi totalidad de ellos. Quedan todavía países que en su ordenamiento jurídico la posibilidad de imponer la pena de muerte a pesar de que no se aplica , o la falta de ratificación de alguno de los convenios internacionales no constituyen los desafíos sustanciales en esta área.

34. La aplicación estos derechos y garantías muestra problemas. Los organismos de seguridad del Estado, siguiendo viejas pautas de cultura interna y actuando frecuentemente fuera del control de los gobernantes electos, han respondido a los conflictos sociales usando medios represivos que desconocen las garantías básicas. También suelen combatir los delitos apelando a medios que están reñidos con las garantías a los derechos humanos, situación que repite en prácticamente todo el mundo. Son raras las organizaciones policiales que no son denunciadas por recurrir a la brutalidad, a los apremios física, o la falsificación de pruebas. Sin embargo hay que hacer notar que ha aumentado notoriamente el grado de profesionalización del trabajo policial en la región, a pesar de tener que enfrentar duras crisis de seguridad ciudadana producto del incremento de la delincuencia por el aumento de la marginalidad debida a la exclusión social. En estados disminuidos en su capacidad presupuestaria y poder y donde una buena parte de la labor policial ha sido trasferida a manos privadas, es difícil hacer frente a la demanda de seguridad que expresa la ciudadanía.

35. En todos los países se ha hecho un esfuerzo para reducir la violencia doméstica, se han creado Comisarías o precintos para atender exclusivamente casos de violencia contra mujeres y niños. Asimismo se han puesto en marcha, aunque no con la continuidad y sostenibilidad deseada programas de prevención basados en métodos de policía de comunidad o proximidad.

36. La protección para el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos esta condicionada por la situación social de los ciudadanos. En muchos de los países de la región donde el tema es relevante, todavía no está zanjado el debate sobre el reconocimiento de los derechos para sectores específicos de la sociedad, en virtud de su condición cultural y/o étnica diferenciada, lo cual genera una tensión no resuelta entre concepciones de ciudadanía colectiva y ciudadanía individual. Como en todas partes del mundo existe una real desventaja social para grupos subalternos. Los pobres no tienen el mismo acceso a la justicia, no tienen las mismas posibilidades para tener una defensa legal adecuada y en muchos casos constituyen la principal población carcelaria. La región cuenta con una tasa de presos sin condena del 54.8 por ciento y una población carcelaria que para el año 2000, probablemente era cercana a las 700 mil personas .

37. La libertad de prensa, comprendiendo también a los ámbitos electromagnéticos, así como la libertad de expresión ha florecido con el proceso democratizador, aunque continúan existiendo problemas. Los concesionarios de medios radiales o televisivos recuerdan que la concesión es precaria, dado que las ondas pertenecen al estado y tratan de mantener una actitud prudente frente al poder de turno, si es que éste está en buenos términos con los intereses dominantes en el país . En muchos casos los dueños de diarios y revistas dependen de la publicidad gubernamental para poder mantener abiertas sus publicaciones. En todos los casos se pueden recibir presiones por parte de los organismos recaudadores de impuestos. En un mercado laboral saturado y que no paga adecuadamente, los periodistas pueden ser cooptados o amenazados. Pero estos hechos no son una exclusividad de América Latina. No hay duda que la redemocratización mejoró notoriamente la situación. Asimismo se ha comenzado a saber de actuaciones corruptas tanto de dueños, concesionarios como periodistas .

38. El derecho de reunión, en general, ha sido garantizada eficazmente. Si bien en ciertas crisis sociales hubo represiones violentas cuando las mismas escalaron al nivel de crisis política provocando la caída del gobierno , no puede decirse que la norma haya estado presidida por la represión. La manifestación en la calle, sin embargo, ha dejado de ser un instrumento de los partidos, para pasar a ser presidida por movimientos sociales. Si bien sigue siendo utilizada por los sindicatos, la baja de afiliados hace que esta manifestación sea menor. También es baja la presencia de estudiantes dada la trasformación de la cultura juvenil que prefiere otros de tipos de manifestación a la acción política. La calle es el escenario de nuevos movimientos sociales.

39. Como en todas partes del mundo los sindicatos de trabajadores perdieron afiliados al trasformarse el mercado de trabajo y reducirse los puestos de trabajo. Asimismo es notorio que en la región la mayoría de los afiliados son trabajadores estatales y no trabajadores dependientes de empresas privadas. Consiguientemente el respeto a los derechos sindicales es un tema que prácticamente ha desaparecido de la agenda de discusión público. Se da por sentado que existen. El problema que sólo cubren a una parte reducida de los trabajadores .

La ciudadanía social

40. El debate en torno al contenido de la ciudadanía social se encuentra abierto. Mientras existe consenso respecto de cuales son los derechos políticos y civiles, no ocurre lo mismo en cuanto a los derechos sociales. Estos, además, presentan una doble particularidad: no se encuentran plenamente reconocidos por los Estados ni protegidos integralmente de una forma similar por convenios internacionales, y cuando están consagrados por algún instrumento jurídico es frecuente el divorcio entre su vigencia formal y su implementación práctica. El reconocimiento de los derechos sociales es un proceso en construcción permanente.

41. Las constituciones de América Latina consagran los derechos a la educación, salud y empleo, otras dimensiones como la satisfacción de las necesidades básicas: alimentación y hábitat; la seguridad social y el medio ambiente, reciben tratamientos desiguales, tanto reales como formales, en los distintos países.

42. El nivel de inscripción en el sistema educativo formal, para el 2001, la región tenía una tasa de 92 % para la escolarización primaria, 55 % para la secundaria y 27 % para el enrolamiento en la educación terciaria. El porcentaje de analfabetismo de los niños de 15 y más años de América Latina era de un 12.4% para el año 2001. En 1980 la tasa era de 21.5 % por lo que la reducción en veinte años fue del 9.1 % .

43. Sin embargo el problema mayor, como en buena parte del mundo no está en la cantidad ascendente de la cobertura del servicio educativo. Está en la calidad de la enseñanza. Si bien se está extendiendo la educación pre-primaria, que supone socialización y aprestamiento, la escuela primaria y la secundaria sigue las antiguas orientaciones de la sociedad industrial, como lo evidencia aún la disposición física de las aulas que recuerda al de las líneas de montaje industriales. Si bien hay esfuerzos para incorporar nuevos tecnologías y nuevas aproximaciones pedagógicas a los docentes les cuesta obtener una respuesta adecuada en niños y jóvenes sobre estimulados por un mundo que ha cambiado a mayor velocidad que las prácticas de los establecimientos educativos . Atrayendo a sectores bajos para los roles docentes, con escasa capacidad de reclutar personal innovador la enseñanza es un sector en constante crisis en el mundo de hoy. En los ámbitos pobres y marginales los locales educativos, especialmente a nivel secundario, han devenido en “refugios”, en locales para “contener” durante algunas horas a jóvenes carentes de disciplina, desesperanzados, que no encuentran ninguna motivación para prestar atención al currículo que pretendidamente debería cumplirse.

44. La enseñanza superior en buena parte de la región ha pasado a ser de carácter privado. La mayoría de estas instituciones aunque legalmente son instituciones sin fines de lucro, solamente encaran la formación profesional, muchas veces en forma puramente sumaria y mecánica, o, simplemente, para otorgar diplomas, para obtener beneficios para quienes manejan la institución. Si bien subsisten las instituciones estatales están normalmente sub-presupuestadas, pagan muy mal a sus profesores, quienes no pueden dar una dedicación completa a la tarea. La investigación es escasa y ello repercute en un proceso por el cual los países suelen adaptar tecnología “llave en mano”, sin poder realizar esfuerzos innovadores. La docencia para formar profesionales debe luchar constantemente con contratiempos que van desde la escasez de recursos a la falta de motivación del estudiante.

45. La salud, medida como esperanza de vida al nacer, la región para el quinquenio 1995-2000 tenía un promedio de 69,7 años. En el período 1980-1985 era de 64,7 años por lo que se ha ganado cinco años de vida para los nacidos más recientemente. Si se mide la situación de salud por la mortalidad infantil (probabilidad de muerte en el primer año de vida) para el mismo período (1995-2000), la región tenía una tasa de 33.34 muertes por cada mil nacimientos. Era de 55.91 en el quinquenio 1980-1985 con lo cual la reducción fue en 22.57 por mil . Hacia el año 2000, un 19% de la población infantil sufría desnutrición crónica .

46. También aquí los problemas mayores están en la calidad de los servicios. La extensión de los programas de asistencia preventiva, especialmente materno-infantil es la responsable del aumento de la esperanza de vida al nacer así como de la baja de la tasa de mortalidad infantil. Asimismo la incorporación de nuevos fármacos y tecnologías permite extender la vida, aunque por otro lado esto implica un aumento notorio en los costos de atención. Sin embargo, una buena parte de la población no cuenta más que con los recursos de los centros de salud pública, que tiene pocos recursos tanto materiales como humanos. El pago del personal médico y especialmente el paramédico es notoriamente bajo y no puede pretenderse que brinden un servicio adecuado. Como manifestación de la desigualdad, al igual que en la educación la mejor calidad de los servicios se da en los niveles privados. La atención sube a medida que los seguros y primas a pagar son más altos, hasta llegar a las cifras mayores cuando se contrata en forma totalmente libre los servicios médicos y/o hospitalarios.

47. La desigualdad entre las clases y estratos sociales se ha acentuado como consecuencia del nuevo escenario de expansión capitalista en el marco de la globalización. Este proceso se ha dado tanto en países pobres como ricos. En EEUU el 1% más rico de la población hacia el 2001 recogía el 17% del ingreso, situación que no se registraba desde la década de 1920 . La baja en el aporte de impuestos ha contribuido a esta concentración de ingresos. Se suponía que esa baja en los impuestos iba a permitir un incremento en la inversión, pero, hasta el momento esto no ha ocurrido.

48. El coeficiente Gini mide los grados de desigualdad de ingresos entre los diversos estratos sociales. Durante la década de los 90 en América Latina el promedio del índice era de 0.522, siendo, entonces, la región más desigual del mundo . El 10% de aquellos que reciben mayor ingreso reciben 30 veces el ingreso de los que reciben el 10% de menor ingreso o 4,6 veces el 40% de acuerdo a datos tomados de un estudio del Banco Mundial divulgado en el 2004. Los investigadores del Banco Mundial usaron también el "índice de Gini" para medir la desigualdad en la distribución del ingreso y el consumo y descubrieron que, desde la década de los setenta hasta la de los noventa, la desigualdad en América Latina y el Caribe fue superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental. Los datos muestran que la inequidad en el país menos desigual de la región (Uruguay) es superior respecto al país más desigual de Europa oriental y de los países industrializados. En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar en la región aunque las experiencias son variadas; algunos países con relativa igualdad, como Argentina, Uruguay y Venezuela, han experimentado aumentos en la desigualdad; el primero en forma drástica.

49. En algunos de los países el índice de Gini refleja los ingresos laborales. En otros hay correcciones donde la desigualdad mejora por la incidencia de la familia (Chile, Ecuador, México, Perú y Ecuador) y en otros la familia empuja hacia una mayor desigualdad (Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua). El índice de Gini no es más que un número abstracto, pero la desigualdad se siente, especialmente en el crecimiento de la segmentación de los hábitats urbanos de muchos países de América Latina. En casi toda la región, en las principales urbes, han aparecido barrios cerrados, para proteger a los sectores privilegiados. Estos “campos de descontraao” como se los denominó inicialmente en San Pablo producen no sólo la separación física, sino que pretenden aislar a esos sectores de la vista de los menos privilegiados. La distancia entre la percepción de la calidad y nivel de vida, así como las oportunidades de los habitantes de las áreas rurales y las urbanas hace que la migración hacia los centros urbanos continúe dándose y que la despoblación de vastos territorios aumente, a pesar que estrictamente la supervivencia es relativamente más fácil en un ámbito rural. Donde es más notoria la desigualdad es entre las formas y hábitos de vida y consumo de los sectores altos de la sociedad y los estratos sociales subalternos, que son fácilmente percibidos por todos los habitantes de la región. La desigualdad es más notoria para las etnias subordinadas de la región. De acuerdo con el Banco Mundial tanto los indígenas como los negros viven "en considerable desventaja respecto de los blancos", puesto que son éstos últimos los que reciben los ingresos más altos de la región. El estudio del Banco centrado en siete países (Brasil, Guyana, Guatemala, Bolivia, Chile, México y Perú) revela que los hombres indígenas ganan entre 35% y 65% menos que los hombres blancos; la disparidad entre mujeres blancas y mujeres no blancas es similar. En Brasil, por ejemplo, las mujeres y los hombres negros ganan alrededor del 45% de los sueldos de sus contrapartes blancos. En tres países donde las categorías étnicas y raciales revisten gran importancia, como Guatemala, Bolivia y Brasil, más del 50% de los hogares encabezados por hombres o mujeres blancos tienen acceso a alcantarillado, en comparación con el 30% de los hogares encabezados por hombres indígenas y el 37% de aquellos encabezados por mujeres indígenas. Entre los brasileños, el 50% de los hogares encabezados por mujeres blancas tiene alcantarillado, contra el 40,5% de hogares encabezados por hombres no blancos y el 45,1% de aquellos encabezados por mujeres no blancas. En toda la región, la parte inferior de todas las escalas de distribución de activos la ocupan las mujeres y las personas de origen indígena o negro . Los expertos consideran que una reducción en la desigualdad permitiría combatir adecuadamente la pobreza. Sin embargo, los modelos económicos vigentes tienden a incrementarla a nivel mundial.

50. El empleo es la clave para explicar la situación de la masa de la población de cualquier país del mundo. En general, una buena parte de la población realiza alguna tarea, puede decirse que trabaja, pero el empleo, la obtención de una remuneración, cualquiera sea, es la clave para supervivir en sociedades urbanizadas. Aún en el medio rural, tras las trasformaciones sufridas se necesitan ingresos. Este es el talón de Aquiles de la sociedad moderna, donde la transformación tecnológica destruyó empleos. Es cierto que muchos de los empleos desaparecidos fueron sustituidos por nuevas ocupaciones. Pero, en gran medida, esos nuevos empleos, cuando se refieren a los sectores subalternos tienen una remuneración mucho menor a la que existía anteriormente . Mundialmente, hacia el 2003, unos 188 millones de personas, o 6.2% sufrían de desempleo abierto, de acuerdo con cifras compiladas por la Organización Internacional del Trabajo. La baja sindicalización, el trabajo compulsivo, el trabajo de los niños, la remuneración diferenciada entre hombres y mujeres y niños lleva a acentuar más los problemas de empleo. En América Latina en el año 2002, la tasa anual media de desempleo abierto era 11.4 % en las zonas urbanas, un aumento del 2.5 % con respecto a 1990. El empleo informal alcanzaba, alrededor del 1999-2000, un 45.3 % de la fuerza de trabajo regional . Sin duda, una buena parte de la población debió recorrer el “otro sendero” que describió en 1987 H. de Soto .

51. En el año 2002 se estima que vivían en la pobreza 224 millones de latinoamericanos, el 43.9% de los cuales unos 100 millones eran indigentes, el 19.4% La CEPAL, de donde se toman estos datos, considera pobres a quienes no tienen ingresos familiares mayores a dos canastas familiares básicas e indigentes a los que no llegan a una canasta básica. De acuerdo a los datos compilados en el Reporte de Desarrollo humano, en la década del 90 nicaragua registraba un 82% de su población viviendo con ingresos menores a un dólares diario, Honduras, Ecuador, El Salvador y Paraguay tenían entre un 20 y 24% de su población en la misma situación. En el entorno del 15% Bolivia, Colombia, Guatemala y Perú . La primera de las llamadas Metas de Desarrollo del Milenio acordadas por los estados miembros de las Naciones Unidas en el 2000 es erradicar la extrema pobreza y el hambre. Para ello se fija como primer objetivo reducir a la mitad para el año 2015 a los pobres o sea las personas con un ingreso de un dólar diario , y el segundo objetivo de esa mitad es reducir el hambre a la mitad para la misma fecha. Lograrlo es uno de los objetivos precisos para dar contenido a la ciudadanía social y supone movilizar a la sociedad para lograrlo.


Hacia una ciudadanía integral

52. Lograr una ciudadanía integrada supone una lucha contra la desigualdad, de modo de reducir la pobreza, y lograr una efectiva expansión de los derechos de la ciudadanía, en tanto expresión de los habitantes de cada país. Para esto es necesario que la política y los políticos se convenzan que no son meros gerentes de una entidad burocrático – administrativa sino políticos, o sea decisores, que deben contar con el respaldo de una mayoría de representantes de la ciudadanía. Lograrlo requiere reinstalar la discusión acerca del papel del Estado.

53. La discusión no es meramente técnica, no implica exclusivamente poner en marcha programas y proyectos específicos muy focalizados para atender un problema determinado. Se trata de recordar que el estado es no sólo una máquina administrativa y gerencial, sino también la entidad para impulsar el bienestar de las mayorías y el marco de identidad de una comunidad política dada . La democracia es la fórmula política más adecuada para lograr el manejo del Estado, permitiendo la participación ciudadana en la solución a sus problemas. La desesperanza actual y la discrepancia entre una democracia que se mantiene como régimen formal, pero sin lograr adhesión de las grandes mayorías en tanto mecanismos que atiende a sus intereses implica la necesidad de hacer converger los diversos contenidos de la ciudadanía. La tercera ola de democratización se basó en expandir la ciudadanía política, en lograr que las libertades básicas se respeten y en la realización de elecciones periódicas. Pero no estuvo acompañada de un impulso para expandir y profundizar la ciudadanía civil y mucho menos la social. Los programas impulsados por las instituciones de Bretton Woods y el Departamento del Tesoro de EEUU, a escala mundial tendieron a una expansión financiera y de la economía real vía la liberalización de trabas, sin tener en cuenta los efectos que tendría sobre las diversas sociedades en las que se aplicó ese “consenso de Washington” . Como consecuencia de esas reformas los estados perdieron poder, buena parte de la política se volvió irrelevante, al ser sustituida por resoluciones tecnocráticas y la democracia representativa cayó en un fuerte desprestigio.

54. La ciudadanía política promovida por la vía de la realización periódica de elecciones y por el reconocimiento a normas básicas de la ciudadanía civil fue promocionada junto con este esquema socio-económico. La expansión de la ciudadanía social quedaba excluida. No se buscaba la convergencia entre las tres ciudadanías, sino dar sólo asegurar aspectos de las dos primeras a cambio de olvidar la expansión y cohesión propia de la convergencia entre todas las ciudadanías. Se trataba de continuar con el esquema de suprimir demandas sociales, difíciles de atender por cierto, hasta que se tuviese un crecimiento económico que lo permitiese. Se suponía que inicialmente se iba a dar una mayor desigualdad, pero que el crecimiento finalmente permitiría el goteo hacia los sectores subalternos de lo adquirido. Al no ser posible de cuantificar en el tiempo cuando se daría este efecto la impaciencia ganó a los sectores sociales subalternos. En un tiempo donde la aceleración de la historia es fácilmente percibida, donde impera una mentalidad “fast food”, donde todo debe hacerse rápidamente, aún a costa de la calidad, esa promesa sin fecha no puede ser sostenible.

55. Los privilegios y la corrupción inherente a todo ejercicio de poder se volvió intolerable visto que, como contrapartida, no había una acción en favor de las mayorías. Aparecieron nuevas formas de acción colectiva en el campo de la política que se vistieron de formas “antipolíticas”. Así aparecieron “nuevos caudillos, outsiders que proclamaron su lejanía con los partidos y los partidos. Movimientos de la sociedad civil buscaron influir en las decisiones fuera del marco de la democracia representativa .

56. El proceso ahora cuenta con nuevos actores. Ya no sólo hay partidos políticos, se necesita consultar a los líderes de la sociedad civil, a los empresarios locales, a los medios de comunicación y en algunos casos a las Iglesias. En sociedades heterogeneizadas por efectos de desarrollo económico y social, por la demografía, por la estructura étnica debatir sobre las diferentes opciones de reformas, sus contenidos, que efectos favorables y negativos es un ejercicio complejo. Supone el arte de construir coaliciones que apoyen reformas, que las consideren no sólo legales, sino también legítimas y que permitan implementarlas.

57. Estas tareas son fundamentalmente políticas y requieren no sólo la labor de élite habitual que supone la construcción de consensos entre múltiples actores. También requiere un proceso democrático. La política cumple una función vital ese proceso. Tiene que ampliar el contendido de la discusión de elite, debe llevar a esas instancias elitarias el pensamiento de la masa ciudadana, no siempre fácilmente conocido e interpretado y debe convencer a esa masa de lo acordado en las mesas de diálogo. Luego debe trasformarlo en las instancias formales de la democracia representativa en normas que dan guía para las resoluciones y órdenes que el estado dicta para regular todo el proceso, en conjunción con la acción de los actores privados.

58. La política y los políticos han perdido poder por los recortes la soberanía producidos tanto interiormente como exteriormente. Esta influencia es palpable a través de las negociaciones constantes que los países deben llevar adelante con grupos de bancos acreedores, con el constante monitoreo de las organizaciones multilaterales. Pero también hay pérdida de soberanía ante los actores interiores que tienen poder para poner vetos a la acción estatal. Son de dos tipos, unos de carácter empresarial, cualquiera sea la actividad a la que se dediquen y otra es la resultante de la expansión de gobiernos o administraciones autónomas a nivel subnacional, producto de los programas de descentralización, también muchos impulsados desde el exterior, a pesar de tener una innegable raigambre en las sociedades locales.

59. La cultura política de las élites y, por extensión, de buena parte de la ciudadanía, se ha degradado. Esto ha permitido que tecnócratas ajenos al juego normal del poder tomen una desproporcionada relevancia por sobre políticos carentes de conocimientos y, lo más importante, de voluntad y de la “ética de la responsabilidad” que debe aflorar en los momentos de crisis. No se trata de seguir simplemente una orientación más o menos abstrata que se supone es la única salida posible después de asumir premisas acerca de como conducir los procesos económicos –dejando de lado, o subordinándo los procesos sociales- y derivados de ellos los políticos. Hay consideraciones sustanciales respecto al pacto social, que, si se olvidan, ponen en peligro toda la institucionalidad, porque si bien “es cierto que la política se hace con la cabeza, pero en modo alguno solamente con la cabeza” .

60. La desesperanza conduce al cinismo, practicado tanto por el ciudadano común como por las élites. Se expresa en irresponsabilidad y desaprensión frente a la cosa pública y su manejo. El ciudadano común condena a los políticos sin distinción, parte de la idea que son inescrupulosos y sólo quieren el poder para enriquecerse. Asimismo el ciudadano común condena prácticas de corrupción y clientelismo, siempre y cuando no lleguen a favorecerlo. Un discuro doble preside la acción, se está en contra de privilegios de los otros, pero no de los propios. Hay una pareja “perversión” de los valores de la cultura política.

61. Una nueva política que use al estado como instrumento sustancial para tomar decisiones que apunten a ampliar los contenidos de la ciudadanía, para lograr su integralidad, supone tener en cuenta los límites impuestos por la nuevas tecnologías, por los cambios mundiales en los mercados financieros, por los cambios en los ámbitos laborales y por la correlación efectiva de fuerza, tanto en poder puro, coactivo como en “poder blando” . Supone que el político adopte nuevas pautas, respete y se respete como personaje público que debe seguir reglas y abandonar el cinismo propio del que cree que “no se puede hacer nada”.

62. La reforma de las instituciones, los instrumentos de la política son una de las formas asumidas para recolocar a la política en un papel sustancial. En la región constantemente se llevan adelante reformas dirigidas a modernizar y mejorar los niveles de rendimiento de los sistemas electorales buscando obtener un balance entre representación y gobernabilidad. Muchos de los temas tienen una dimensión técnica, que debe considerarse a la luz del propósito político de las reformas. Sin embargo, hasta el presente, rara vez se ha considerado la dimensión política. Muchas de las reformas propuestas atienden a un sólo lado de la cuestión. Y los efectos de las reformas no han sido siempre las deseadas. Las reformas electorales sigue siendo un tema para la discusión .

63. Específicamente, importa seguir discutiendo el tema de la calidad de los registros electorales y los documentos de identificación de los ciudadanos. Otra cuestión para el debate que afecta a la participación electoral es la conveniencia de mantener normas de voto obligatorio , teniendo en cuenta el papel que tienen las sanciones en su cumplimiento, así como las edades mínimas para votar y otras disposiciones que facilitan la mecánica de la participación a nivel electoral. Además, en tiempo en que las reformas electorales son parte del orden del día, cuando la incorporación de nuevas tecnologías, como las del voto electrónico , suponen un cambio en las costumbres políticas, es necesario considerar como se institucionalizan organismos de control técnicamente capaces, confiables y políticamente comprometidos con el régimen democrático. Estas cuestiones, que suponen un estudio técnico preciso, no tienen ningún valor en abstracto. La misma fórmula no es aplicable en todos los países y siempre debe estar al servicio de mejorar el rendimiento del régimen, como base para el desarrollo de las ciudadanías.

64. También se han puesto en marcha programas sobre liderazgo político para combatir la crisis de los partidos y, muy especialmente, la falta de interés de los más jóvenes en seguir la carrera política. Se trata de un esfuerzo que requiere constancia y proyección a mediano plazo para que tenga éxito. Por otra parte los partidos deben convivir con movimientos más o menos amorfos de muy diverso cuño, producto de la heterogeneidad creciente de intereses y de la movilización de sectores políticos hasta entonces excluidos. Los partidos han pagado el precio de dejar de lado a una parte importe de los sectores sociales (indígenas, negros y mestizos, por ejemplo, mujeres en otro marco) y han perdido en más de un país el monopolio de la intermediación entre el estado y la sociedad.

65. Los partidos, en tanto entes intermediaros entre sociedad y Estado, precisamente, han sido otro objeto de múltiples programas de apoyo para su reforzamiento y cambio. Estos programas atienden a los aspectos legales, a la democracia interna de los partidos, a los problemas de la financiación, tanto de los partidos como de las campañas electorales, así como el acceso a medios de comunicación, para evitar la dependencia de poderes de hecho que condicionarían, luego, el accionar político. Pero desatienden el efecto del sistema de partidos políticos sobre la construcción de la democracia . Por tanto distan de cumplirse en muchos países de la región las condiciones para que los partidos funcionen como instituciones eficaces, transparentes y responsables. Por ello conviven con ellos, en tanto actores políticos, nuevas fuerzas que no quieren ser identificados o convertirse en partidos. No se sabe cual será la forma que puedan asumir estos movimientos en el futuro, pero si es claro que no puede suprimirlas sin caer en una nueva exclusión.

66. En América Latina, los espacios conquistados por la sociedad civil han sido fundamentales para abrir un juego político que se presentaba cerrado y excluyente. En ese sentido, la sociedad civil es un ámbito en el que se construyen identidades, participación, organización y espacios públicos. Allí tiene expresión la diversidad social, a partir del despliegue de múltiples diferencias y sus consiguientes identidades y demandas. Pero, con frecuencia la sociedad civil ha sido frágil y, en ocasiones, reproduce relaciones clientelistas o nepóticas, escasamente democráticas.

67. Además las relaciones entre los partidos y la sociedad civil no siempre han sido las mejores. La sociedad civil ha sido un pilar en la lucha contra los regímenes autoritarios que precedieron a las actuales democracias. A su vez, dirigentes de la sociedad civil promueven y buscan movilizar ciudadanos por temas que creen que los partidos políticos no recogen o defienden. No siempre se han adaptado a la nueva circunstancia de la democracia y muchos de los dirigentes partidarios consideran que las organizaciones de la sociedad civil ocupan un espacio que no les corresponde.

68. La participación activa de la ciudadanía por diversos canales, demandando, pero también cumpliendo deberes, es un aspecto central de la expansión de las ciudadanías y el desarrollo de la democracia. La puesta en marcha de nuevos canales que permitan un fortalecimiento de la sociedad civil y una mejor relación entre ésta y los partidos políticos debería ser un tema de debate. Lograr esos objetivos es parte del fortalecimiento de la cultura y los valores democráticos de los ciudadanos.

69. La implementación de mecanismos de democracia directa abrió varios canales a la participación ciudadana fuera del marco representativo tradicional. No queda claro, sin embargo, si estos mecanismos de ampliación de la participación ciudadana tienen siempre efectos estabilizadores sobre el régimen político o si favorecen la gobernabilidad. En consecuencia hay que tener en cuenta que, a veces, mecanismos de ampliación de la participación no siempre apuntan a mejorar la situación global del país y consiguientemente el desarrollo democrático sobre el que se asienta el desarrollo humano. Pero, hay temas de discusión muy relevantes que en más de una caso trascienden a la visión de cada partido o colectividad política y quizás sería una buena solución, tras una discusión muy franca y abierta, someterla a la voluntad ciudadana y no solamente a la de sus representantes .

70. La representación de la ciudadanía es otro de los temas fundamentales para mejorar el rendimiento de la institucionalidad y dar mejor “voz” a quienes son sujetos de la democracia. Sobre este tema, existen varias opciones que merecen discusión. Las cuotas o cupos de género han ampliado la participación femenina en los Congresos, pero salvo en un país, no hay normas legales para asegurar que ocurra lo mismo en otras esferas de la organización estatal. Estos mecanismos transitorios dependen de aspectos técnicos que complejizan su aplicación efectiva, por ejemplo, el voto preferencial, que independiza a la ciudadanía de la decisión partidaria acerca de los candidatos a elegir, sin embargo, determina que la norma sobre cupos pueda volverse inviable. El diseño de las circunscripciones, que cuanto más pequeñas son tiende a acercar al representante al elector, también tiene el mismo efecto.

71. En términos más generales, una mayor participación de las mujeres en la vida pública supone un cambio en la cultura política. Por tanto, una perspectiva de género en las políticas estatales y su traducción en la práctica es condición necesaria para la inclusión plena de las mujeres. Esto requiere de un esfuerzo conjunto de los líderes políticos y la sociedad civil, de los medios de comunicación social y del sistema educativo. La búsqueda de un contexto favorable para que la mujer disponga del tiempo necesario para participar activamente en la política es una cuestión clave y parte de una discusión de más vasto alcance.

72. La representación de indígenas, mestizos y descendientes de los contingentes de esclavos negros traídos en el pasado a la región, un número importante de los ciudadanos en varios países, también merece atención. Estos grupos sufren de un considerable grado de discriminación social y económica. En varios países, sus grados de su participación política y representación no están contemplados adecuadamente. El tema, desde el punto de vista político, no se ha abordado cabalmente y ello hace que para estos grupos sociales el logro efectivo de una ciudadanía integrada es muchísimo más notorio.

73. La representación de los inmigrantes es un tema sustancial para algunos países. Las remesas que envían los migrantes a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Honduras, República Dominicana permiten a esos países evitar penurias mucho mayores a las que padecen, remedian la situación de las familias del inmigrante y es tal su volumen que constituye la principal fuente de ingreso. La exportación de personas ha pasado a ser una forma de solucionar problemas económicos y sociales para esos países. Si bien en México no es el primer rubro de ingreso la masa de remesas es importantísima y cerca de un sexto de los mexicanos vive en EEUU. En Ecuador, fuera del petróleo las remesas de inmigrantes es el principal ingreso del país . Con esas remesas los inmigrantes contribuyen a luchar contra la pobreza en sus países y a mantener estabilidad política. Pero, conseguir una forma efectiva de representación es un tema de ardua consideración.

74. Importa emprender, a efectos de mejorar esta situación, campañas de educación ciudadana con el objeto de poner fin a la discriminación de todo tipo. La acción del sistema educativo formal tiene un efecto obvio. Es vital que los esfuerzos por combatir la discriminación sean iniciados en las etapas primigenias de la educación, en las escuelas. Otras medidas pasan por dar un mejor acceso a la información pública e incrementar la capacidad de acceder a los medios de comunicación social para que la sociedad civil y muy especialmente los sectores postergados de la sociedad puedan ejercer su “voz” y se movilice al conjunto de la sociedad para esos fines. Es fundamental que el Estado incluya a todos los sectores sociales y no sólo a una parte, y que las instituciones públicas no refuercen los mecanismos de exclusión.

75. Es un hecho conocido en la sociología política que la emergencia de sectores sociales medios es un indicador del éxito social del régimen político . También se sabe que la pérdida de expectativas de mantenimiento de las expectativas de ascenso social, especialmente por parte de los hijos de los sectores que tuvieron esas posibilidades conduce a movimientos radicales de muy diverso signo que, en más de una caso han desestabilizado el régimen político existente. En la región los países que habían logrado crear estratos medios fuertes han visto que los mismos se han reducido notoriamente. En ellos no sólo se trata de proteger a los desheredados, se procura que esos nuevos integrantes de los sectores bajos (aunque no lleguen a la pobreza) no engendren movimientos de descontento que puedan arrasar las insticiones. También se trata de proteger a los “sobrevivientes” de estos sectores duramente atacados como resultado de quiebras financieras, cierre de empresas y pérdida de empleos .

Presidencialismo, parlamentos y descentralización

76. La fórmula política o régimen de gobierno ha sido tema de discusión tiempo atrás en casi toda la región, abandonándose posteriormente, aceptando, fundamentalmente a instancias de la clase política, que dada la tradición de la región, no podría salirse de la fórmula presidencialista. El tema, vistos los problemas de falta de apoyo constante de los parlamentos hacia el ejecutivo y la debilidad de los presidentes, ameritaría una nueva discusión. La misma no debería circunscribirse a los aspectos técnicos de las ventajas del presidencialismo, el parlamentarismo o las fórmulas intermedias. Además debería involucrar a la sociedad civil en un ejercicio acerca de las formas de hacer política en vista de la institucionalidad existente. Parece claro que no hay una “receta” a seguir, y que lo que funciona en un país no necesariamente se adapta a otro con diferente contexto histórico y social. Pero si importa tener opciones y ver que puede mejorar la conducción del Estado y, en consecuencia, si esto favorece o no a la democracia política, pilar sobre el cual se construye toda noción de democracia expandida por el logro integral de ciudadanías .

77. El desempeño de los parlamentos también ha sido el foco de muchos programas de reforma. Éstas han estado dirigidas a fortalecer esta institución democrática fundamental por la vía del mejoramiento de la capacidad técnica de los congresos, por el aligeramiento de las fórmulas de proceder a la discusión de proyectos de ley, y por medio de cambios a los mecanismos internos. Aunque los diversos proyectos que se están implementando en la región tiene por meta el fortalecimiento de la democracia, frecuentemente los aspectos puramente técnicos toman precedencia y este objetivo se pierde de vista. En consecuencia, el debate acerca de la reforma de los parlamentos debería plantearse dentro del marco más amplio de una estrategia orientada a expandir las ciudadanías .

78. Recuperar a “la política” supone recurrir también a mecanismos que involucren a diversos actores más allá de la institucionalidad jurídica. Los procesos de diálogo nacional permiten manejar y dilatar conflictos con poderes fácticos, buscando en un ámbito más amplio modos de resolver esos conflictos en una forma institucionalizada a implementar posteriormente. Como mecanismo para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la concertación puede lograr el acercamiento entre actores políticos con visiones muy disímiles acerca de como concebir los derechos sociales, pero interesados, a último término, en mantener la estabilidad social, sin la cual esos intereses no pueden mantenerse.

79. Los procesos de descentralización del poder político y la democratización de los gobiernos locales, constituyen uno de los temas centrales para la consolidación de los regímenes democráticos. La forma en que se ha implementado en más de un país ha llevado a la creación de “oligarquías locales,” que buscan vivir del presupuesto estatal, sin mejorar la participación ciudadana, meta que se suponía tenían que cumplir estos procesos. El tema requeriría, visto desde un ángulo político, un tratamiento menos ideologizado que el recibido hasta el presente, evaluando lo ocurrido y considerando cuales podrían ser los caminos a recorrer. La descentralización comprende el tema del multiculturalismo en más de un país, de las diferencias de desarrollo económico, del género, del acceso diferenciado a los servicios sociales y al ejercicio del poder dentro del Estado. En muchos casos se ha impuesto como “receta deseable” sin evaluar que efectos reales ha tenido en el desarrollo económico y social, y en la estabilidad de la democracia .

La necesidad de re-construir el estado

80. Una función fundamental del Estado es proteger a las personas contra la violencia privada. Para hacerlo debe tener el monopolio de la coacción física, tener cuerpos de seguridad profesionales y confiables que actúen al servicio del estado y no de intereses particulares y controlar todo el territorio que es reconocido como soberano. En varios países de la región no se dan todas estas condiciones. Producto del proceso de desmantelamiento estatal han aparecido empresas de seguridad privada, que no sólo restan autoridad al estado, sino que abren la puerta a intereses privados de diverso tipo en el área actuando no siempre en favor de la toda la sociedad. La capacidad de las organizaciones policiales para lidiar con la delincuencia, especialmente la que asume formas organizativas se ha reducido notoriamente y en más de una caso se constante la complicidad de las fuerzas policiales con el accionar delictivo. Asimismo, todavía se constata la falta de capacidad del estado para suprimir actores armados dentro de su territorio .

81. Se necesita el estado administrativo, la burocracia, a lo que se ha querido recudir gran parte de los estados de hoy en día, manejada por gobernantes electos con capacidad reducida de decisión. Pero, también se necesita un estado que sea territorialmente soberano, que controle efectivamente ese territorio y que sea reconocido como entidad con capacidad negociadora efectiva en los foros internacional y no meramente un tomador de decisiones y órdenes en las que tiene poca capacidad de gestar. Se necesita un estado que tenga un contenido nacional que permita la solidaridad entre sus integrantes y que pueda trasformar a una masa de habitantes, un pueblo, en ciudadanos de una entidad que se reconoce a si misma y que es reconocida por los otros, y sustancialmente se necesita un estado social que haga posible que no sólo primen los valores de libertad, sino también la posibilidad de que haya equidad para todos sus habitantes - ciudadanos . Estos diversos “estados” que recorren el camino que han alcanzado los estados de Europa donde surgió la experiencia del estado moderno se unifican en la concepción de ciudadanía integrada que deben tener quienes integran su cuerpo soberano.

82. Hay experiencia acumulada de muchos años en programas de mejora del funcionamiento de la administración pública que apuntan a combatir la corrupción, el clientelismo , el nepotismo, que buscan crear profesionalidad a través de carreras administrativas que hagan de la burocracia del Estado una pieza fiable para el desarrollo de las diversas ciudadanías y no un ente para satisfacer intereses de sus integrantes, ligados por diversas vías a quienes ejercen el poder. Se trata de enmarcar estos programas en el requerimiento de tener una mejor calidad de la política, de modo que no se trate meramente de la transmisión de recetas técnicas, sino de instrumentos que tendrían que ser parte de una cultura política en busca de una mentalidad de servicio a la ciudadanía a la que se debe esa burocracia. La mejora de la calidad y eficiencia en la formulación de políticas y ejecución en la gestión pública supone tener claro que el funcionario está para servir la función y no sus intereses o los de sus allegados.

83. La reforma del sistema judicial teniendo por objetivo fortalecer la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos es motivo de la atención de muchos programas de reforma. Pero, al igual que en otros casos, se tropieza con la influencia de poderes de hecho, muchos de ellos ligados a las actividades ilegales, las penurias presupuestales del Estado, el clientelismo y patrimonialismo de las prácticas de cultura política, la baja remuneración que hace que los Jueces y el personal del sistema no siempre actúen lealmente como servidores del Estado, condicionamientos que hacen que en lugar de predominar las normas y enfoques institucionales se recorran el camino de la “acomodación informal,” muchas veces incurriendo en la impunidad, esa forma tortuosa del ejercicio del poder, y la corrupción. Un cambio supone, como ya se reitera constantemente cambios materiales y culturales de relevancia, presididos por un enfoque que se centra en la necesidad de un estado fuerte y de un papel central de la política.

84. En cuanto a las fuerzas de seguridad, ya son corrientes programas dirigidos a mejorar los niveles de protección ciudadana y a asegurar el control legal del uso de la fuerza, y el respeto y vigencia de los derechos humanos—incluyendo un enfoque de género—en varias de los países de la región, especialmente en las grandes metrópolis. Sin embargo, frecuentemente las fuerzas de seguridad continúan con un enfoque tradicional más o menos represivo y por otra parte no se ha podido combatir la colusión que en más de un caso muestran con los que realizan actos delictivos.

85. Ya tienen tiempo de implementados varios programas relacionados a la reforma del sistema carcelario en la región latinoamericana. Éstos han puesto énfasis en la rehabilitación de los delincuentes para reinsertarlos en la sociedad, así como el tratamiento de la delincuencia juvenil. En casi todos los casos los mayores problemas para esos programas están en la sostenibilidad de los mismos, dadas las penurias de los presupuestos estatales para hacer un esfuerzo continuado de reforma y adecuación.

86. Un tema crucial relacionado a la cuestión de la estatalidad presente en buena parte del mundo es el multiculturalismo. El nudo gordiano del cruce entre multiculturalidad y democracia radica en la heterogeneización de la legalidad que se produce por un lado por la tensión entre lo colectivo y lo individual y, por otro, entre la conjunción de políticas de identidad y de reconocimiento de la diversidad y la concepción liberal de la ciudadanía democrática. Aunque en algunos países se ha iniciado un debate sobre este tema, la relación entre la multiculturalidad y la democracia no ha sido casi tratada más que tangencialmente. No hay duda que para algunos sectores que han logrado hacer pervivir antiguas instituciones, tales como la propiedad comunal, normas propias de estado civil, la superposición de normas estatales desconocidas en la práctica trae problemas serios para la universalidad a la que aspira toda entidad estatal. La multiculturalidad ha sido un rasgo propio de Imperios. Pensar nuevas formas de organizar, de representar es una tarea difícil. Fuera de la región se han experimentado muy diversas formas: desde el poder compartido mediante mecanismos consociacionales, a arreglos federal o confederales, complementados por esquemas de descentralización administrativa (gobiernos propios regionales o locales, policías regionales y locales, recaudación de ciertos impuestos), hasta la promoción de políticas educativas y culturales –también religiosas- que reconocen la diferencia o imponen más de un patrón, por ejemplo en la lengua a utilizar. Dentro de América Latina recién se están dando los primeros pasos para enfrentar esta cuestión .

La economía y la democracia

87. El capitalismo es global en su alcance, pero sus formas varían. Las instituciones estatales nacionales, las normas legales, las prácticas culturales, ético-morales y religiosas producen diversos tipos de capitalismo. La influencia de los EEUU parecía conducir, luego del fin de la guerra fría a una fórmula que consagrase la triada de principios de Woodrow Wilson: paz, mercados y democracia, teniendo por base una ideología liberal internacionalista. Sin embargo, el primero de los componentes no parece estar presente, mientras que democracia y mercados libres siguen siendo pautas que parecen guiar la ideología dominante en este momento. Por supuesto los mercados no son libres. Hay subsidios fuertes, barreras arancelarias y para-arancelarias que impiden que haya un comercio libre, aunque se han abatido fuertemente muchos de los controles anteriores. Lo que si fluye es el capital, aunque buena parte del mismo es puramente especulativo. La historia ha determinado que el capitalismo sea diferente según el entorno de aplicación. El japonés se distingue por la ética shintoista de lealtad al Estado y a las corporaciones, en el ahorro –que en gran medida sigue estando en el ente de correos de ese país-, el alemán por la disciplina de la fuerza laboral, por los acuerdos de concertación entre trabajadores y empresarios arbitrado por el estado que aseguran un estado de bienestar y la búsqueda de la estabilidad, el de EEUU por el impulso privado que busca reducir el papel estatal al mínimo.

88. Las diversas formas en que se articulan capitalismo y estado de bienestar han estado en problemas por la prevalencia del nuevo pensamiento que busca reducir el papel del estado al de gendarme vigilador. La protección de derechos de propiedad, la defensa de los contratos del mercado, la libre circulación de capitales, la estabilización macroeconímica –reducción de déficit y moneda estable-, la reducción de los costos del estado, son las piezas sustanciales que se promocionan en este pensamiento, que en la región se conoce como el “consenso de Washington”. Por otra parte esto ha afectado las formas del estado de bienestar, reduciendo en su alcance. Con ello buena parte de la población está excluida de asistencia. Es especialmente notorio en el caso de aquellos que no califican para los programas focalizados de atención, destrozando las posibilidades de consolidar estratos medios, que son los más afectados por el recorte del estado de bienestar.

89. Es por esto que no se ha podido avanzar en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que son parte de la ciudadanía social. Asegurar la efectividad del “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia,” tal como lo proclama el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , supone discutir el papel del Estado y de la política en relación a la economía, ya que se trata de marcar prioridades para la asignación de recursos. A su vez, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio metas de las Naciones Unidas en materia de pobreza, como ya lo señalamos, requiere la reducción de la desigualdad. Para ello se necesita una orientación diferente de la economía y las finanzas y del manejo de los presupuestos estatales.

90. Las orientaciones más recientes en cuanto a economía han privilegiado al individuo como consumidor. En lugar de un ciudadano con derechos sociales se lo considera un consumidor potencial o efectivo. La ciudadanía integrada necesariamente debe apuntar a un enfoque conceptual universal, de largo plazo, del tema social, sin dejar de tener en cuenta los cambios de mentalidad que han llevado a que el individuo también es un consumidor, alguien que goza de poder serlo y que para muchos se trata de aspirar a serlo .

91. La implementación de programas o proyectos especiales, focalizados, para atender situaciones que requieren esa aproximación pueden contribuir a una solución, pero no deben ser la meta de largo plazo. Asimismo esos programas chocan constantemente con normas y trabas burocráticas, pensadas para un marco social diferente que en muchos casos los vuelve inoperantes . Los programas que apuntan a combatir el problema de la creciente informalización del mercado de trabajo por medio del apoyo a la microempresa y la creación de bancos para “pobres,” así como bancos para promover la capacidad financiero económica de la mujer, no deben desestimarse. Combatir la informalidad supone un nuevo enfoque en el que la legalidad burocrática debe dejar el divorcio con la realidad. La ilegalidad florece ante normas absurdas y ante la necesidad de sobrevivir . Sin normas que tengan en cuenta que ocurre realmente en la sociedad no será posible romper ese círculo vicioso . Ésta área amerita una discusión global del tema, que considere como la cuestión de inclusión social que supere el informalismo no es un mero problema técnico, es un problema político institucional. La discusión sobre la relación entre economía y democracia tiene necesariamente que basarse en consideraciones técnicas, pero las decisiones deben tomarse políticamente.

92. Al comienzo del siglo XXI el proceso de globalización sigue su curso , pero la política y los intereses siguen marcando que existen los estados, que hay diferencias entre ellos, y que también se conforman bloques, algunos tendientes a la solidez, como la Unión Europea, basado en convergencia económica, moneda única para una parte relevante de sus socios, política de cohesión social que buscan uniformizar los niveles de vida ascendiendo a quienes viven en zonas deprimidas, marcos jurídicos comunes, aunque limitados y primeros pasos hacia una unificación política, vía una constitución, instituciones comunes, y un embrión de fuerza militar conjunta .

93. En América Latina se ha intentado recorrer el mismo camino por la vía de las uniones aduaneras. En 1960 se creo la ALALC (Asociación Latinaomericana de Libre Comercio) sustituida por la ALADI (Asociacion Latinaomericana de Integración) que pese a su nombre no ha permitido más limitadas bajas de aranceles. Con declaraciones también muy ambiciosas se han creado bloques que agrupan a los países andinos (Acuerdo de Cartagena), el Mercado Común Centroamericano y el MERCOSUR. En todos los casos no son más que acuerdos que buscan liberalizar el comercio entre sus miembros y, en todos los casos, sus programas están atrasados respecto a los anuncios realizados oportunamente, aunque han servido para aumentar los niveles de intercambio, aunque a veces, una parte importante del cambio es sólo “desviación del comercio” . También hay acuerdos bilaterales o trilaterales entre países de la región con el mismo alcance. Chile y los países centroamericanos han firmado acuerdos con los EEUU El CAFTA, el acuerdo de los países centroamericanos –al que se agrega la República Dominicana- se negocíó mucho más rapidamente que el acuerdo con Chile . Pero el más relevante de los tratados ha sido el NAFTA (North American Free Trade Association) que unió a México con EEUU y Canadá. Para México implicó un desplazamiento de empresas y empleos (hacia México) y mayor inmigración(hacia EEUU) y no sólo un incremento muy notorio de su comercio con los EEUU. Económicamente ha diferenciado notoriamente la parte norte del norte, casi totalmente integrada económicamente a EEUU. El sueño de lograr políticas de alcance regional que hagan posible un aumento compartido de autonomía de la región frente a los grandes poderes de los países avanzados y a los movimientos globalizadores de capitales, por el momento no pasa de ese carácter. Los intentos de EEUU de promover una expansión del mecanismo mediante la creación del ALCA, el área de libre comercio para toda la región viene siendo demorado por los intereses de grupos nacionales especialmente los brasileños .

94. La capacidad colectiva de los países latinoamericanos en un contexto del mundo globalizado no parece alta, pero la mundialización de los procesos es un camino de ida y vuelta. El mundo avanzado siente también los efectos de los acontecimientos promovidos en el tercer mundo menos desarrollado. Las crisis financieras ponen en aprietos al sistema bancario mundial y organismos de Bretton Woods, como lo muestra la difícil negociación de la impagable deuda externa de Argentina que es de cera 180 mil millones de dólares. Los intentos de lograr acuerdos en el marco de la Organización Mundial de Comercio para regular las pautas de inversión y flujo internacional de capitales, derechos de autor, regalías factibles a cobrar, y los intereses de ciertos sectores tales como los laboratorios farmacéuticos se ven demorados por la resistencia de los países menos favorecidos. El desarrollo de capacidad para lograr negociaciones favorables en tales foros es un desafío importante, pues como expresaba el primer Secretario General de la OMC es, precisamente, en las negociaciones como las que se dan en esa organización que se defiende hoy en día la soberanía.

Conclusión.

95. La democracia para poder consolidarse debe que apuntar a lograr la integración de los derechos políticos, civiles y sociales, de modo que la ciudadanía tenga esos tres componentes. Tras décadas de mantener un régimen democrático a pesar de crisis constantes, la ciudadanía se centra en derechos civiles y políticos, algunos de los cuales tienen difícil concresión en la práctica para buena parte de los habitantes, mientras que la ciudadanía social está lejos de ser alcanzada. Si se intenta tener cohesión social, una sociedad integrada debe hacerse ese esfuerzo. Implica poner en primer plano a la política, a la toma de decisiones por parte de la sociedad sea a través de su acción directa sea en elecciones, mecanismos de democracia directa o en la participación en organizaciones voluntarias o través de sus representantes electos. Implica la profundización de la democracia.
 

 

Análisis Especial para Factum Digital
marzo - 2004