MAYORÍA ES PARTIDARIA DE QUE ANCEL SIGA SIENDO PROPIEDAD DEL ESTADO URUGUAYO

Una de las medidas relevantes del proyecto de Presupuesto Nacional será la conformación de Ancel SA con tres objetivos claros: mantener el control estatal de este servicio de celulares, gestionarlo como si fuese una empresa privada y abrir las puertas para recibir capitales privados en minoría. A su vez estos capitales destinarlos a proyectos específicos de carácter social y económico, para lo cual faltan recursos de las fuentes públicas tradicionales. La creación de esta sociedad anónima es compartida por ambos partidos tradicionales y rechazada desde el Encuentro Progresista-Frente Amplio, fuerza política en la que se ha manejado la posibilidad de recurrir al referéndum. Un segundo tema es la ampliación del número de empresas, con el anuncio de adjudicación de dos nuevas autorizaciones para operar.

La telefonía celular aún no ha cumplido una década en el país, tras la instalación de Movicom en 1991 y de Ancel a fines de 1994. Hoy uno de cada seis uruguayo adultos posee un teléfono celular, tanto por el sistema de abono como en mayor grado por el sistema de tarjeta prepaga; y posiblemente uno de cada cuatro use con más o menos frecuencia el sistema (por el hecho de que un mismo aparato puede rotar entre más de una persona). El sistema tiene pues antigüedad suficiente y nivel de desarrollo como para ser conocido por la población, pero al menos tres cuartos de ella tiene un conocimiento indirecto, es decir, no es usuario. Sus opiniones son pues por referencias de terceros, los usuarios.

La imagen de Ancel es muy fuerte en la población en general, y mucho más entre los usuarios. En tanto servicio derivado de ANTEL, en su imagen influye sin duda la opinión que la gente tiene de la empresa madre; y también la buena opinión global que los uruguayos otorgan a las empresas estatales. Esa imagen parece trasladarse en principio a su transformación en sociedad anónima. De allí pues que la mitad exacta defienda el mantenimiento del dominio estatal pleno del servicio de celulares. Pero hay una franja del 7% adicional que en principio se inclina por la propiedad estatal plena, pero que manifiesta algunas reservas. Un 33% aparece desde el inicio a favor de la participación privada, del cual un 5% lo hace por razones de principios, ya que hubiera preferido la privatización lisa y llana del servicio, y otro 28% en cambio se inclina a la apertura al capital privado. Estas cifras surgen cuando el país no ha tenido una discusión pública sobre cuatro temas en juego con carácter general.

Uno. El juego de las empresas estatales en el derecho público o en el derecho privado; si las empresas públicas necesitan o no tener mayor flexibilidad en sus compras, en sus ventas y en sus relaciones laborales que las que tienen actualmente.

Dos. La asociación del Estado, o empresas del Estado, con capitales privadas para emprendimientos conjuntos.

Tres. La necesidad de determinadas empresas estatales de desarrollar estrategias de captación de teconología y gestión para poder competir en el futuro.

Cuatro. Si sirve o no al Estado vender parte de la propiedad de sus empresas, manteniendo el control mayoritario, como forma de obtener recursos, ante el nivel alcanzado por la presión impositiva.

En este cuadro, las diferentes cifras sobre opiniones de la gente deben interpretarse como un punto de partida y no necesariamente como un punto de llegada. Dicho de otra manera, estas cifras reflejan el estado de la opinión pública cuando comienza el debate.

El tema de la concesión de mayor número de licencias para operar en telefonía celular aparece como un punto de difícil comprensión para la gente, por lo que se registra un alto nivel de no sabe y no contesta. Buena parte de los acuerdos y desacuerdos cabe atribuirlos a posturas más mecánicas, asociados con principios políticos, acerca de la mayor o menor competencia.

Sobre la participación de capital privado en Ancel, una forma simple pero un poco gruesa de ver qué pasa con los distintos sectores de la sociedad, es agrupar los juicios en dos categorías, que podemos llamar la más estatista (que comprende a los que optan por la solución totalmente estatal y a quienes aún con dudas en principio se inclinan por esta opción) y la más privatista (que comprende tanto a los partidarios de la participación de capital privado como a los que prefieren una privatización plena). En este juego binario puede verse que en el nivel socioeconómico alto hay una casi paridad de opiniones y en cambio un fuerte predominio estatista en los niveles medio y semibajo. El estatismo es mayor entre los adultos medios, menor entre las personas mayores y de tercera edad, e intermedio entre los jóvenes y adultos jóvenes.

Publicado en diario El Observador
diciembre 3  - 2000