19 Oct. 2014

Elecciones y democracia plena

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Para que haya una democracia plena no basta con que la gente vote, se requiere de otros condimentos no electorales, como el nivel de igualdad social, el grado de desarrollo económico de las personas y el nivel educativo de la sociedad, entre otros elementos. Pero no hay democracia o base para una democracia si no hay elecciones libres y competitivas, donde se enfrenten diversas opciones de las más distintas y opuestas ideologías, que expresen valores y modelos de sociedad diferentes, y donde efectivamente la ciudadanía pueda cambiar el gobierno, tanto los elencos como los partidos que están en el mismo.


Para que haya una democracia plena no basta con que la gente vote, se requiere de otros condimentos no electorales, como el nivel de igualdad social, el grado de desarrollo económico de las personas y el nivel educativo de la sociedad, entre otros elementos. Pero no hay democracia o base para una democracia si no hay elecciones libres y competitivas, donde se enfrenten diversas opciones de las más distintas y opuestas ideologías, que expresen valores y modelos de sociedad diferentes, y donde efectivamente la ciudadanía pueda cambiar el gobierno, tanto los elencos como los partidos que están en el mismo.

La validez de las elecciones se expresan en que el elector pueda emitir su voluntad en forma secreta y libre, que ese voto sea debidamente computado sin alteraciones, que el conjunto de votos confluya en un escrutinio o tabla de resultados válida, que esos votos se transformen en bancas o definan un cargo público en base a reglas establecidas previamente. Todo esto es el abc de la existencia misma de las elecciones. La continuación del abc, uno diría el def, es que los actores políticos tengan la más amplia libertad de formular sus propuestas, exponer sus ideas, presentar sus candidaturas, y a su vez que elector no esté sometido a coacciones de ningún tipo.

Hasta aquí lo los valores clásicos en la materia, o lo que fueron las exigencias mínimas para elecciones libres y competitivas según la doctrina dominante hasta los tres cuartos del siglo pasado. Pero a partir de allí surge la preocupación por otros desniveles en la competencia política. En Uruguay es particularmente interesante porque puede haber o no desniveles entre los partidos, pero además hay desniveles al interior de los partidos. Cabe no olvidar que el sistema uruguayo del lema, o del Múltiple Voto Simultáneo, determina que hay tres niveles de competencia: uno primero entre los lemas, entre los partidos; un segundo escalón es la disputa al interior de cada uno de los lemas, entre las grandes corrientes nacionales; y un tercer escalón al interior de esas grandes corrientes entre las diferentes agrupaciones. Para situar un ejemplo en el Partido Nacional, por ser el más simple y claro: en el primer nivel compite el Partido Nacional con el Frente Amplio, el Partido Colorado y otros cuatro partidos. En el segundo nivel, dentro del Partido Nacional compiten la corriente referida en Lacalle Pou (“Todos, hacia adelante”) con la referida en Larrañaga (“Alianza Nacional”). Y dentro de “Todos, hacia adelante”, en Montevideo, hay una competencia importante entre las “listas” 40, 71, 404 y 903. Todavía la cosa es más compleja, porque dentro de esta misma corriente, entre el segundo y el tercer nivel hay un medio escalón, en que para el Senado compiten la nómina de candidatos encabezada por el propio Lacalle Pou con la encabezada por Sergio Abreu. Bien, esto hace que al atender la equidad de la competencia, sea necesario atender no solo la puja macro, la interpartidaria, sino también los otros dos o tres niveles adicionales de lucha.

La nueva agenda para una mejor o más perfecta competencia política apunta a atender varios problemas:

Uno. Los tres cuartos de los gastos de campaña se invierten en publicidad en televisión, radio, prensa, internet y vía pública. Si se suman los gastos de impresión de hojas de votación, por allí se pasa claramente el 80% del total. El financiamiento público de las campañas electorales no llega a cubrir la mitad del presupuesto de campaña.

Dos. Derivado de lo anterior, la recolección de dinero es una de las principales preocupaciones de los elencos políticos, que termina siendo un factor desnivelante en la competencia. El financiamiento público no recibe una aprobación entusiasta de la sociedad, que lo ve como un despilfarro en favor de las apetencias personales de los políticos. En general la opinión pública no ve la contracara al financiamiento público: que el financiamiento privado no es gratuito, no es producto de la filantropía de los donantes, sino que genera obligaciones de los receptores de dinero respecto a los donantes, obligaciones que conlleva al otorgamiento de contrapartidas en la gestión de gobierno y en la gestión pública en general.

Tres. El acceso a los medios de comunicación no es equitativo. No todos reciben la misma tarifa real por la contratación y allí juega desde la simpatía política de los controladores de los medios a normales razones de mercado. El mundo (Brasil y los países de Europa occidental son los más avanzados en este aspecto) ha caminado hacia el otorgamiento de fuertes espacios para la publicidad política gratuita en todos los medios que sean concesiones del Estado (normalmente televisión abierta y codificada, radio, determinadas formas de vía pública)

Cuatro. Otro camino emprendido por los Estados más preocupados por la equidad en la competencia electoral es la total exoneración de impuestos a la actividad política en general y a las campañas electorales en particular, incluyendo los soportes e insumos que requieren los partidos políticos (diseño, producción, estudios demoscópicos, imprenta, transporte, hoteles, infraestructura de actos)

Cinco. También en Europa occidental se ha avanzado mucho en la exigencia de que los medios electrónicos garanticen equitativas condiciones de acceso a los competidores políticos, tanto en sus programas periodísticos como en el tratamiento de las noticias (el principio conocido como “par conditio”).

Por otro lado la competitividad puede ser afectada desde el poder o desde la administración, mediante:

Uno. El uso de la publicidad oficial (estatal nacional o territorial) como exponente de las acciones del gobierno o de la administración que fueren

Dos. El uso de la publicidad oficial como forma de compra preferencial que obtiene como contrapartida la obtención de espacios publicitarios gratuitos para el sujeto político titular de la correspondiente administración. U obtiene un tratamiento especial en las coberturas informativas o periodísticas

Tres. La facilidad de recaudación que supone el poder manejar importantes compras, contratos o concesiones públicas.