02 Dic. 2007

De política y magistrados

Oscar A. Bottinelli

El Observador

El análisis del 18 de noviembre titulado “Entre lo político y lo judicial”, tuvo alguna resonancia y algunas disconformidades en los componentes de uno de los objetos de estudio. A veces las discrepancias obedecen a claras diferencias en los puntos de vista, otras en lecturas parciales – que no comprenden la totalidad del desarrollo del tema – y otras en que la necesaria brevedad de los artículos lleva a dar por supuesto los diferentes abordajes realizados a lo largo de más de una década


El análisis del 18 de noviembre titulado “Entre lo político y lo judicial”, tuvo alguna resonancia y algunas disconformidades en los componentes de uno de los objetos de estudio. A veces las discrepancias obedecen a claras diferencias en los puntos de vista, otras en lecturas parciales – que no comprenden la totalidad del desarrollo del tema – y otras en que la necesaria brevedad de los artículos lleva a dar por supuesto los diferentes abordajes realizados a lo largo de más de una década[1].

Como los supuestos a veces confunden, conviene entonces hacer unas cuantas precisiones, válidas algunas para el caso en particular y otras para la totalidad de los análisis. En primer lugar, este analista sostiene la postura de que el investigador no se involucra con el objeto de estudio, no toma posición, sino que busca desentrañar causas y efectos. En segundo lugar, que lo hace en el entendido que la gente inteligente y sensata – más allá de enojos iniciales – va a recibir las críticas como aportes y como estímulo a la reflexión. En tercer lugar, pretende no mezclar jamás lo personal con lo analítico, evitar toda subjetividad. En cuarto lugar, si por algún resquicio se hubiese colado la subjetividad, habría sido hacia el más exultante elogio de la magistratura, porque en la última década en las pocas causas en que intervino como actor o demandado obtuvo del sistema judicial desde las más amplias satisfacciones hasta resultados óptimos. En quinto término – lo que es obvio – ninguno de estos artículos pretenden ser abordajes jurídicos sino análisis politológicos, y no necesariamente lo uno y lo otro van de la mano; se analiza al sistema judicial y a los magistrados como actores públicos, por tanto, como actores políticos.

También conviene añadir que es necesario que quienes entran al debate público acepten las reglas que ello supone. Los políticos de profesión están acostumbrados a la crítica, el análisis, el elogio y el cuestionamiento. Pero en el debate público entran también sindicalistas, dirigentes empresarios, dirigentes religiosos, académicos, dirigentes universitarios, militares y magistrados. La experiencia indica que todos ellos son menos receptivos que los políticos de profesión al análisis crítico, al cuestionamiento de sus actitudes o a la mera exposición de las consecuencias que suponen sus actos.

En realidad el artículo trata de varios tema interrelacionados. Básicamente: la actitud del sistema político de no dirimir internamente sus diferencias y derivarlas al arbitraje del sistema judicial; las consecuencias de cuando los políticos buscan por fuera del sistema el dirimir sus diferencias; la relación entre magistratura, publicidad y grisura; el papel de la magistratura que surge de la teleología de la arquitectura institucional del país; el papel de la magistratura en relación al debate político; y algunos otros elementos conexos.

Sobre lo primero[2]. La tesis central, reiteradamente expuesta en varios artículos desde 1997 a la fecha es: cuando el sistema político no logra dirimir sus diferencias dentro de sí mismo y de sus propias reglas demuestra impotencia, y que esta impotencia la demuestra el sistema en forma creciente a lo largo del tiempo. Cuando se habla de dirimir las diferencias dentro del sistema, no implica hacerlo a puertas cerradas, en un cuarto mal iluminado en la trastienda de un café de mala muerte. Quiere decir hacerlo dentro de todas las reglas del sistema político, que abarca desde la negociación reservada, el debate público en ámbitos institucionales, el debate en medios de comunicación, la apelación al peso de la opinión pública y la apelación a la decisión del Cuerpo Electoral. Cuando el sistema político no dirime el disenso – necesario y connatural a un régimen pluralista – tiene imperiosamente que buscar que alguien, por fuera de sí, dirima el disenso, arbitre o decida.

La forma más antigua en que los sistemas políticos dirimieron el disenso por fuera de sí lo constituyó el golpear las puertas de los cuarteles, es decir, el apelar a los militares para que arbitrasen el disenso político. Otra tan antigua como moderna – según la parte del mundo que se mire – es golpear las puertas de los templos, apelar a las jerarquías religiosas y darle a las cúpulas religiosas la última palabra política, como ha ocurrido con la jerarquía eclesiástica romana en países católicos, con otras jerarquías eclesiásticas en países cristianos ortodoxos, con jerarquías islámicas en países islámicos. Y una muy moderna es golpear la puerta de los tribunales, apelar a que los magistrados diriman el disenso político. Este último camino, desprendido de la fuerza de las armas y de la fuerza de la religión, es extremadamente contemporáneo y válido en un ámbito geográficamente reducido, porque solo es posible transitarlo en países de fuerte institucionalidad, alta prevalencia de la norma, creencia en el derecho y por encima de todo, un prestigio más allá de toda duda sobre la honestidad, trasparencia, independencia, buena fe y equidad de los magistrados. Porque a nadie se le ocurre golpear las puertas de los tribunales en países donde las sentencias se compran o se venden, o donde los jueces son puestos o removidos a piacere del poderoso de turno. Para que – para bien o para mal – los magistrados se conviertiesen en última reserva moral de la sociedad, ésta debe creer en los magistrados.

Cuando alguien golpea puertas ajenas es inicialmente responsable de los efectos que crea. Uno de ellos es hacer sentir la suprema importancia del morador detrás de las puertas golpeadas, que normalmente es llamado a un papel de última reserva moral de la nación, la sociedad, la patria o lo que fuere. Y cuando es llamado a ese papel, ese morador o esos moradores, todos o algunos, a veces la mayoría y otros la minoría, sienten ser esa reserva moral. Es un juego de causas y efectos. Esto no quiere decir que en épocas normales haya que recelar de militares, dirigentes religiosos o magistrados, como tampoco recelar de los políticos. Tampoco es un tema ético. La gente actúa según el tiempo y el lugar. Tampoco es bueno o malo que cada cual haga lo que haga, porque eso depende del punto de vista de cada cual. Lo importante es que quien de pasos en una dirección sea consciente de a dónde va y qué consecuencias provoca. Y quien recibe estímulos desde una dirección determinada sea capaz de ver esos estímulos y tener en cuenta a donde pueden conducir, para luego ser capaz de caminar en esa dirección o frenar esos estímulos.


[1] Todos los artículos del autor pueden encontrarse en la revista Factum Digital: www.factum.uy. Algunos otros relacionados centralmente con el tema de la sección “Análisis” en “El Observador, que se encuentran en dicho sitio web, son: La judicialización de la política” (28/10/07), Judicialización y politización (21/09/03), La politización judicial (19/19/97) y La judicialización política (31/08/97). También tiene algo que ver, referido a magistrados y politólogos: La grisura como virtud (04/04/04)

[2] Por razones de calendario, los demás temas mencionados en el artículo serán tratados en el correr del verano.