04 May. 2003

El Capitolio y la toga

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Se han cumplido 10 años del inicio de la historia de “mani pulite”, que determinó la caída de la Primera República italiana y con ella el estallido de dos de los tres principales partidos: la Democracia Cristiana (timonel del gobierno desde el fin de la guerra) y el Partido Socialista (co-gobernante por casi tres décadas). Técnicamente no existió un operativo, sino un racimo de procesos judiciales en materia penal, uno por uno, caso por caso, contra diferentes personas, a cargo también de diferentes jueces del Ministerio Público, distintos jueces judicantes y asimismo en diversas sedes territoriales, de norte a sur.


Se han cumplido 10 años del inicio de la historia de “mani pulite”, que determinó la caída de la Primera República italiana y con ella el estallido de dos de los tres principales partidos: la Democracia Cristiana (timonel del gobierno desde el fin de la guerra) y el Partido Socialista (co-gobernante por casi tres décadas). Técnicamente no existió un operativo, sino un racimo de procesos judiciales en materia penal, uno por uno, caso por caso, contra diferentes personas, a cargo también de diferentes jueces del Ministerio Público, distintos jueces judicantes y asimismo en diversas sedes territoriales, de norte a sur. Así los magistrados han defendido lo ocurrido como una coincidencia en el tiempo de causas penales separadas. Los analistas políticos tienen otra perspectiva y ven un operativo deliberado, premeditado y coordinado de un sector influyente de las dos judicaturas, la fiscal y la juzgatoria. El operativo tuvo como base la “tangetopolis” (que en el español del Cono Sur se diría “coimápolis”). Pero tuvo también el formidable aliento de tres corrientes de la periferia del arco gobernante: el ya poscomunista Partido Democrático di Sinistra, el todavía neofascista Movimento Sociale Italiano (en camino hacia el posfascismo) y la xenófoba Lega Lombarda (a punto de convertirse en Lega Nord). De esta historia emerge también la figura emblemática del procurador de la República Antonio Di Pietro, que de la judicatura pasa a la política en el sorprendente cargo (para un hombre de formación judicial) de ministro de Obras Públicas, luego llega al Senado de la mano de la izquierda (y más específicamente de los poscomunistas) y finalmente forma su propio movimiento (Italia dei Valori). Si Di Pietro es el paradigma de los victimarios, los emblemas de las víctimas son los ex-jefes de gobierno Giulio Andreotti y Bettino Craxi (quien estuvo aquí, en ejercicio de su cargo, el día de la restauración democrática).

En un reciente debate se vio la confrontación de cada una de las lógicas. Los defensores políticos de Craxi apelaron a una visión global, omnicomprensiva, multifacética, en perspectiva hacia atrás y hacia adelante, y exhibieron dos características del operativo: el criminalizar procedimientos administrativos de uso y costumbre por medio siglo, y la discriminación en la elección de los acusados. Di Pietro, acusador de Craxi, respondió con la lógica de un magistrado: el de Craxi es un caso individual, no conexo con otros; él incurrió en esas prácticas y por eso debe ser acusado. Es una discusión de sordos, porque de un lado se mira la política, la historia, se contextualizan los hechos y se prevén las consecuencias para el país y la sociedad; del otro se mira un expediente, sin contexto y sin prever efectos, y sin relacionar con otros expedientes de otros individuos del mismo contexto y que generan los mismos efectos.

El que “mani pulite” haya sido un conjunto interrelacionado de procesos judiciales cuyo efecto fue la caída de un régimen político, de una clase política y de dos grandes partidos (más varios de menor tamaño), no quiere decir que haya sido una invención de hechos inexistentes. Los hechos existieron, pero en el filo de la decisión entre buscar la perspectiva histórica e ir a la letra menuda y rígida, entre ver los hechos como actos discutibles en el borde de lo lícito o concebirlos como delito, los magistrados optaron por este camino. Esa opción no solo fue producto de un enclaustramiento jurídico o de un férreo apego a los principios, sino que hubo aliento político (hay quienes creen que hubo un previo diseño político) y también la autopercepción de la magistratura como la última salvaguardia moral de la nación. Algo así como la concepción spengleriana de los militares, de ese pelotón de soldados como último refugio de la civilización occidental. Lo común al grueso de las principales figuras acusadas, es que más allá de la corrección o incorrección en el manejo de la cosa pública, no se les comprobó enriquecimiento personal. Desde este observatorio austral viene a la cabeza ese comodín judicial que es el delito de abuso innominado de funciones, que sirve a los magistrados para salir de las rigideces del derecho penal, así como los jueces militares tenían su comodín en el “ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas”, que permitía atajos hacia los procesamientos, ante caminos difíciles de transitar para probar hechos nítidamente tipificables como delito.

Del proceso han quedado secuelas. Hay una invisible sintonía entre los partidos de centro-izquierda y la magistratura, que lleva a que el centro-izquierda defienda en todo momento a los magistrados, la Justicia y el cauce judicial. “Que la Justicia decida”, “que no haya intromisiones ni presiones sobre los magistrados”, es el constante decir del abanico que va del centro hacia la izquierda. El centro-derecha siente que la magistratura juega como un actor político adicional, no previsto en las reglas de juego, y que en ese accionar crea hechos políticos, como el procesamiento de un senador de Forza Italia, el partido del presidente Berlusconi.

Más de una vez, el gremio de magistrados, o sus cabezas, o la cúpula de la magistratura, han salido a polemizar con dirigentes políticos, con gobernantes y ex-gobernantes. Lo han hecho en Italia estos días. Y surgió la discusión hasta donde los magistrados pueden intervenir en polémicas que resultan políticas y, que por ende, les significa actuar en política. Aunque a diferencia de Uruguay, en Italia no existe la limitación expresa que en este lejano sur tienen “los magistrados judiciales (y) los militares en actividad”, quienes deben “abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, (…) de ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”. Aquí, los magistrados tienen exactamente la misma prohibición que los militares en actividad para actuar en política, para hablar de política y para polemizar en política. La política italiana ha quedado contaminada por la desconfianza de uno en los jueces y por parte de otros el uso de la magistratura para arrimar agua a sus molinos.

Uruguay es un país de muy fuerte influencia italiana, y a veces las influencias y analogías van más allá del arte culinario o musical.