26 Ene. 2003

Política y full-time

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Un viejo tema de discusión, que adquiere particular relevancia en época de crisis y de cuestionamiento al sistema político, es si los gobernantes y parlamentarios deben ser figuras full-time o por el contrario, ser personas cuya actividad económica no dependa exclusivamente de los ingresos públicos. Hay casos significativos para ambos lados, para la dedicación total y para la dedicación parcial a la política, y hay argumentos en ambos sentidos.


Un viejo tema de discusión, que adquiere particular relevancia en época de crisis y de cuestionamiento al sistema político, es si los gobernantes y parlamentarios deben ser figuras full-time o por el contrario, ser personas cuya actividad económica no dependa exclusivamente de los ingresos públicos. Hay casos significativos para ambos lados, para la dedicación total y para la dedicación parcial a la política, y hay argumentos en ambos sentidos.

En contra de la dedicación completa o a favor de la no dependencia total de la actividad política hay varios argumentos de peso. Uno de singular importancia es que la gente perciba que la persona puede entrar y salir con facilidad de la vida política, que no se aferra a cargos por necesidad de subsistencia; si tiene que irse, se va. Otro argumento tiene que ver con lo azaroso de la vida política: la dificultad para quien se dedica a pleno para reciclarse en la vida privada, situación que vivieron con dificultad la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que quedaron a la vera del camino luego de la primera administración Sanguinetti, otros tantos luego de la administración Lacalle, otros más después de la segunda administración Sanguinetti y sin duda unos muchos después que termine el mandato Batlle. Y un tercero tiene que ver con cierta visión popular: si tiene otras fuentes de ingreso no va a extraer demasiado del Estado ni va a incurrir en actos de corrupción.

A favor de la dedicación completa o en contra de la realización de actividades privadas hay también diversos fundamentos. Uno que surge a primera vista es la necesidad de profesionalización, de dedicar todo el tiempo necesario a la redacción, discusión y aprobación de leyes, al contralor y la negociación política, a la conducción de gobierno y ejecución de la administración; no es una tarea para los ratos libres, sino que requiere dedicación en cuerpo y alma. Un segundo argumento se relaciona con las implicancias y los conflictos de intereses entre la actividad pública y la actividad privada: un empresario, un abogado, un comerciante, tiene intereses en la vida privada cuyo éxito o cuyo fracaso depende muchas veces de lo que haga o deje de hacer el gobierno, o de lo que se legisle o se deje de legislar; y aquí aparece el reverso de la medalla: mientras unos ven el no depender económicamente en forma exclusiva del Estado como una barrera contra la corrupción, otros ven lo contrario, que el tener intereses privados puede alentar precisamente la corrupción, el conflicto de intereses.

Pero el tema no es tan dicotómico como aparece, porque se puede a la vez ser político full-time y estar expuesto a los conflictos de intereses. Porque se puede tener propiedades, bienes, campos, inversiones en empresas, inversiones financieras, que no implican necesariamente dedicación de tiempo, es decir, no se pierde la dedicación completa a la actividad pública, pero puede llevar a la existencia de colisión de intereses entre lo público y lo privado.

Además, la dedicación total o parcial a la actividad política no es solamente un tema ligado a lo económico. Tiene que ver con la visión que se tenga de la profesionalidad de la política. Es otra discusión, pero a título de resumen cabe consignar que hay dos grandes visiones. La que considera que la política es una profesión que requiere conocimiento, experiencia, olfato. Y la que considera que la política debe ser para todo ciudadano común y no para un elenco profesional. Esta tesis, en una visión extrema, ha llevado a Costa Rica a disponer la prohibición de reelección inmediata de los legisladores.

Relacionado con el carácter de la actividad política surge un tercer tema: el nivel de retribución de los cargos políticos. Un ministro es la cabeza de un departamento del Estado, el presidente de un banco oficial es el ejecutivo número uno de esa institución ¿deben ganar entonces el sueldo más alto de cada institución o como en Uruguay su sueldo equivale al de un mando medio, al de un gerente de sucursal bancaria?

Estos tres temas adquieren una particular significación en momentos de duda sobre los actores políticos y es bueno discutirlos en cabalidad, cada uno por separado y todos relacionados.