21 Abr. 2002

En los minutos de descuento

Oscar A. Bottinelli

El Observador

La Constitución marca que dentro de 18 meses, el 31 de octubre de 2003, comienza la campaña electoral que durará otro tanto. Parece una exageración, pero es el plazo máximo que la Carta Magna fija para que renuncien a sus cargos los directores de entes autónomos y servicios descentralizados que aspiren a escaños legislativos. Y las renuncias sólo pueden producirse si ya se han diseñado los esquemas electorales, formulados los pactos y alianzas, trazadas las estrategias.


La Constitución marca que dentro de 18 meses, el 31 de octubre de 2003, comienza la campaña electoral que durará otro tanto. Parece una exageración, pero es el plazo máximo que la Carta Magna fija para que renuncien a sus cargos los directores de entes autónomos y servicios descentralizados que aspiren a escaños legislativos. Y las renuncias sólo pueden producirse si ya se han diseñado los esquemas electorales, formulados los pactos y alianzas, trazadas las estrategias.

Quedan pues 18 meses efectivos de gobierno. No son 18 meses para pensar soluciones, sino para ponerlas en marcha. El tiempo de pensar soluciones, de generar iniciativas, prácticamente terminó. Tiempo cumplido, sólo quedan los minutos adicionales que indique el cuarto árbitro. El presidente de la República ha sido pródigo en lanzar ideas provocativas para el debate, pero avaro a la hora de diseñar proyectos, y mucho menos efectivo a la hora de la concreción. No sólo cuando se requieren mayorías legislativas, sino cuando se trata de decisiones exclusivas de la administración. Se tardó mucho en tomar una decisión sobre qué hacer ante la invasión de la aftosa, y lo que se ejecutó fue exactamente lo opuesto a lo anunciado durante meses. Sin duda donde más ejecutividad ha exhibido es en la conducción monetaria y financiera, y la menor efectividad en el plano de la aprobación de leyes y aún en el envío de proyectos de ley (hace diez meses se anunció los lineamientos de la flexibilización laboral; hoy nadie sabe qué se ha hecho).

En las dificultades de concreción pesan cinco hechos singulares: Uno, el estilo presidencial y poco coalicionista del presidente, que lo lleva a realizar anuncios individuales antes de consultar a nadie y sin saber qué receptividad puede caber. Dos, la falta de un programa legislativo y de un método consistente de preparación de leyes. Tres, un Partido Nacional receloso de quedar demasiado confundido con el coloradismo a partir del erróneo diagnóstico de que su derrota de 1999 fue producto de un excesivo cogobierno. Cuatro, la falta de buenos negociadores presidenciales que articulen los acuerdos y logren las mayorías. Cinco, la falta de estrategia y de objetivos concretos claros. Esto último requiere una explicación: el presidente tiene modelos ideales claros, tiene un sueño de cuál sería el Uruguay ideal; lo que no tiene son objetivos concretos, tema a tema, y mucho menos objetivos concretos realizables (como ejemplo: la doble y contradictoria estrategia sobre Ancap, de un lado una ley que fortalece al ente con una asociación con privados, y por otro una iniciativa que lo debilita mediante la libre importación de combustibles).

Las próximas semanas, quizás en verdad los próximos días, es el tiempo que resta a Jorge Batlle para: Uno, definir con exactitud cuáles son los objetivos legislativos concretos que espera para el resto de su mandato. Dos, consultar, negociar y viabilizar esos objetivos concretos. Tres, traducir con rapidez esos objetivos en proyectos de ley. Cuando Jorge Batlle se lo propone tiene dos formidables capacidades, de negociación y de convencimiento, las que inhibe cuando realiza anuncios anticipados y recorre el camino de la imposición y no el del diálogo. Pero antes que nada, lo que el presidente y su equipo deben realizar es un diagnóstico exacto de la sociedad uruguaya. Un líder político puede cumplir el rol de precursor, de profeta, de jugar a cambiar las ideas y valores de una sociedad. Pero ello lleva tiempo, y a Jorge Batlle le viene llevando cuatro décadas de prédica, con bastante éxito, seguramente mayor al que él mismo cree. Pero un presidente con mandato improrrogable de cinco años debe ser un conductor y no un precursor de ideas, y su obligación es obtener resultados, lo cual supone caminar por lo viable, por donde se consiguen apoyos. No supone leer una encuesta y adaptarse a la opinión mayoritaria. Supone abrirse camino por donde es posible, incluso ir en contra de convicciones iniciales de la sociedad, siempre que se detecte que esas convicciones tienen algún grado de debilidad y puede lograrse un cambio de tesitura en tiempo razonable. Hoy más que nunca el factor tiempo es vital para este gobierno.