10 Mar. 2002

La reforma política

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Desde la restauración institucional Uruguay se encuentra en un debate permanente sobre la reforma política. Ahora, aparece el planteo de reducir el número de parlamentarios. Concretamente la iniciativa del presidente del Partido Nacional supone decrecer el número de senadores de 30 a 20 y el de diputados de 99 a 66. Si bien la propuesta está fundamentada en la baja del gasto político, en este plano sus efectos son insignificantes, por lo que hay que entenderlo más en el plano simbólico, es decir, una señal del sistema político de que también se autoajusta.


Desde la restauración institucional Uruguay se encuentra en un debate permanente sobre la reforma política. Ahora, aparece el planteo de reducir el número de parlamentarios. Concretamente la iniciativa del presidente del Partido Nacional supone decrecer el número de senadores de 30 a 20 y el de diputados de 99 a 66. Si bien la propuesta está fundamentada en la baja del gasto político, en este plano sus efectos son insignificantes, por lo que hay que entenderlo más en el plano simbólico, es decir, una señal del sistema político de que también se autoajusta.

Como toda reforma al sistema, produce efectos. Una mala práctica de los dirigentes políticos es promover y discutir primero los detalles de ingeniería y olvidar el análisis de sus efectos. Un buen camino es analizar primero los objetivos perseguidos y luego construir una ingeniería, o ajustar la vigente, para que produzca los efectos buscados.

La reducción del número de senadores y diputados provoca dos efectos generales, válidos para ambas cámaras:

Uno, restringe el ingreso de partidos y fracciones a una u otra cámara (aumenta la barrera de acceso en un 50%), lo que también puede verse como disminuir la fragmentación partidaria y la fraccionalización de los partidos.

Dos, disminuye la proporcionalidad, que es más imperfecta cuanto menor sea el total de bancas. Y además a nivel del Senado potencia la desproporción que genera la presencia del vicepresidente de la República.

La distribución de las bancas de diputados es muy compleja, ya que intervienen tres principios: la adjudicación política nacional (las bancas se adjudican a los partidos en base a los votos obtenidos en todo el país), la adjudicación territorial departamental (esas bancas además se adjudican por departamento) y el establecimiento de un piso de dos bancas por departamento. A ello se suma una compleja ingeniería para combinar esos tres principios (el "Tercer Escrutinio").

Si como se propone se reduce el número de bancas a 66, y se mantienen los tres principios, el sistema provoca consecuencias complicadas y, además, lisa y llanamente deja de funcionar. Concretamente, si se hubiese aplicado en 1999, habría resultado: la segunda banca de Durazno para el EP-FA, las dos de Treinta y Tres una para el EP-FA y otra para el Nuevo Espacio (que allí salieron tercero y cuarto), las dos de Flores lo mismo; y todo esto no tiene arreglo. Además también habría provocado que quedasen Montevideo y Canelones con una banca sin adjudicar cada uno, y el EP-FA con dos bancas sin poder asignarle departamento ni por consiguiente, nombre y apellido; aunque estos últimos dos efectos son los más fácilmente corregibles, con un retoque de la ingeniería del Tercer Escrutinio. Para que no se provoquen resultados como los de Treinta y Tres, Flores y Durazno, para que el sistema funcione con lógica, para que cuando hay dos bancas en un departamento correspondan siempre al primero y al segundo, o ambas al primero, es necesario reducir el piso y llevar el mínimo a una sola banca por departamento.Independientemente de lo anterior, disminuir las bancas a 66 y mantener el mínimo de dos por departamento, supone bajar el peso conjunto de Montevideo y Canelones del actual 58% al 48%, y aumentar el del interior interior (los otros 17 departamentos) del 42% al 52%. Esa distorsión a la proporcionalidad en favor de las áreas más rurales no es una originalidad, existe por ejemplo en España, pero supone un importante eje de discusión en el país. Para empezar implica que los electores de Montevideo y Canelones acepten disminuir su peso en la cámara baja.Otra enmienda para viabilizar el sistema, manteniendo el mínimo de dos por departamento, es adjudicar las bancas por el resultado estrictamente departamental y eliminar la adjudicación nacional. Parece inviable políticamente, si se observa que con ello hubiesen obtenido 27 bancas el Partido Colorado, 22 el EP-FA, 16 el PN y 1 el Nuevo Espacio (con la adjudicación nacional las cifras hubiesen sido 22 el PC, 27 el EP-FA, 14 el PN y 3 el NE).Se impone pues discutir primero objetivos y luego mecanismos. Lo claro es que si se reduce el número de diputados, hay que cambiar algún otro elemento de fondo. Si no, o no funciona, o no es lógico, o no es viable.