26 Ago. 2001

La coalición y su funcionamiento

Oscar A. Bottinelli

El Observador

Cuando se elaboró la reforma constitucional, se vio la instalación del balotaje como una herramienta destinada a cumplir dos funciones. Una, la directa, el cambio de reglas de juego en la elección presidencial, mediante el establecimiento de la exigencia de la mayoría absoluta; en otras palabras, que el presidente de la República contase con el respaldo de más de la mitad del electorado activo.


Cuando se elaboró la reforma constitucional, se vio la instalación del balotaje como una herramienta destinada a cumplir dos funciones. Una, la directa, el cambio de reglas de juego en la elección presidencial, mediante el establecimiento de la exigencia de la mayoría absoluta; en otras palabras, que el presidente de la República contase con el respaldo de más de la mitad del electorado activo. Otra, la segunda función que se atribuyó al balotaje, montado como siempre ocurre con esta herramienta sobre una realidad multipartidista, fue el forzar la constitución de coaliciones fuertes. Es que la necesidad de conformar bloques poderosos para ganar la elección conllevaba la contrapartida de que ese bloque deviniese no solamente en una coalición electoral sino en una coalición de gobierno.

De las experiencias comparadas en países de democracias consolidadas de largo tiempo surge que las coaliciones de gobierno que son producto de una previa coalición electoral tienden a tener mayor durabilidad y cohesión que las coaliciones estrictamente gubernativas. El balotaje permite en principio dos grandes conductas para los finalistas. Una es la disputa del mercado de votantes en forma abierta. La otra es la conformación de bloques, de coaliciones electorales. En la pasada experiencia electoral, en el estreno del sistema, operaron las dos conductas: el Partido Colorado (la fórmula Batlle-Hierro) formalizó una coalición electoral con todo el Partido Nacional, mientras el Encuentro Progresista-Frente Amplio (la fórmula Vázquez-Nin Novoa) se lanzó a la búsqueda de votos en competencia abierta, en parte por actitud propia y en parte por escaso espacio para conformar coaliciones. El resultado abona el primer camino, lo limitado del mercado abierto para inclinar una elección y el alto piso que supone contar con una sólida coalición detrás.

Eso desde el punto de vista electoral. Pero, ¿qué pasó con el acuerdo en tanto coalición de gobierno? Lo esperable a la luz del razonamiento era una coalición de nuevo tipo, más sólida, más a la europea, con un involucramiento equivalente de ambos partidos, con el correlato de una representación más pareja en la administración y una elaboración conjunta de las políticas. En otros términos, el razonamiento sería el siguiente: un presidente elegido por una coalición de partidos pasa a ser un presidente perteneciente a la coalición y no a su partido de origen, un presidente de toda la coalición y por encima de los integrantes de la misma. En cuanto a apoyatura política, entonces, un sostén paralelo en ambos puntales, lo que supone apelar por igual a hombres de ambas procedencias y a la elaboración de las políticas en forma conjunta; no sólo la planificación de las metas y grandes objetivos, sino la toma conjunta de las decisiones normales de cierta envergadura. Ejemplos europeos de este tipo de gobierno hay muchos, pero puede señalarse la coalición roji-verde en Alemania (socialdemócrata-ecologista), el pasado gobierno de centro-izquierda en Italia o el nuevo gobierno de centro-derecha.

La tradición uruguaya en la disputa del gobierno carecía de ejemplos de coaliciones electorales strictu senso, es decir, de agentes electorales diferentes que convergen puntualmente en una misma propuesta electoral para disputar la titularidad del Poder Ejecutivo con perspectivas de éxito. Por la dudas cabe aclarar que en este uso del término coalición (que sigue la definición dada por Maurice Duverger hace más de medio siglo en su célebre Sociología Política) el Frente Amplio no es ni fue nunca una coalición, sino una alianza política, que se diferencia de aquélla en su voluntad de permanencia, en ser un proyecto político y no una conjunción estrictamente electoral. Hecha la aclaración, corresponde reafirmar que hasta 1999 no se conocieron coaliciones electorales nacionales y de envergadura. Por tanto, fue un camino nuevo. En materia de gobierno Uruguay tampoco conoció verdaderas coaliciones de gobierno, como se definiera anteriormente. Lo que sí existieron fueron múltiples formas de colaboración y entendimiento, y con diferentes nombres, como "coparticipación", "concertación", "gobernabilidad", "coincidencia nacional" o "la coalición" del período anterior, que fue lo más parecido a una coalición a la europea, aunque sin llegar plenamente a ello. La diferencia con las experiencias anteriores puede notarse en: a) la presencia del segundo partido en el gobierno se dio a través de figuras de primera línea (como sus tres candidatos vicepresidenciales en el gabinete o en la presidencia de una importante empresa estatal); b) el segundo partido no se consideró un actor de oposición que colabora con un gobierno ajeno, sino como un integrante del gobierno; c) las grandes decisiones políticas fueron en general presentadas como producto de la coalición, elaboradas y compartidas por ambos componentes del gobierno. La forma de distribución de las carteras y el desnivel cuantitativo de uno y de otro actor (cuando sus fuerzas electorales y parlamentarias eran similares) marcan la distancia con una coalición a la europea, o como también se la denomina, una coalición fuerte. Una línea de razonamiento conducía a que si el tripartidismo había empujado con el viejo sistema electoral a este tipo de entendimiento de gobierno, un sistema que empuja a una previa coalición electoral conduciría a un acuerdo de gobierno aún más sólido.

La contracara del razonamiento está también en el propio sistema electoral. A diferencia de los regímenes parlamentarios, en que los actores coaligados pueden efectuar una presentación electoral común en todas las instancias que decidan, en el sistema uruguayo hay una instancia clave, donde se disputan los escaños parlamentarios y se definen los pesos de los partidos, en que cada uno debe competir por sí mismo: el aliado de gobierno es un competidor tan peligroso o aún más que cualquier otro. Eso plantea la duda, y está fuertemente instalada en el Partido Nacional, sobre si un acuerdo de esa solidez no conspira contra el segundo partido de la coalición, si no se da que el primer partido se lleva los lauros y comparte los costos con el segundo.

Pero ocurre que desde la Presidencia de la República y desde el Partido Colorado se actuó tanto en la conformación del gobierno como en la gestión del mismo como si no hubiese habido reforma política. La presencia del Partido Nacional es accesoria al gobierno (cinco ministros en un gabinete de catorce), ninguna presidencia de ente autónomo, ningún integrante en el equipo económico. Entonces, el nivel cuantitativo y cualitativo de presencia del segundo partido y la forma de relacionamiento del presidente y el primer partido con su socio, los mecanismos de adopción de decisiones, son todos propios de un sistema en que el partido ganador obtiene el gobierno por sí solo, sin ayuda de nadie, y luego amplía su apoyatura para lograr mayorías parlamentarias. Distan, y mucho, de un gobierno producto del triunfo de una coalición electoral bipartidaria. La forma de decidir y comunicar la fuerte reforma impositiva por parte del presidente y el coloradismo, la reacción del Partido Nacional ante esas formas, hacen ver la necesidad de reflexionar sobre este punto, el que además tendrá mucha importancia sobre la solidez y los efectos de convocatoria de las coaliciones que se formen, de ser necesario, hacia noviembre de 2004.