01 Jul. 2001

La joyita y la chafalonía

Oscar A. Bottinelli

El Observador

En política, en la traducción de propósitos en obras concretas, la mar de las veces ideas nada brillantes llevadas adelante por caminos impecables desplazan a las muy buenas ideas que se intentan concretar a través de procedimientos desprolijos. Algo así como aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Las ideas no sólo tienen que ser buenas, sino que antes que nada los procedimientos para traducirlas en hechos concretos deben ser buenos, prolijos.


En política, en la traducción de propósitos en obras concretas, la mar de las veces ideas nada brillantes llevadas adelante por caminos impecables desplazan a las muy buenas ideas que se intentan concretar a través de procedimientos desprolijos. Algo así como aquello de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Las ideas no sólo tienen que ser buenas, sino que antes que nada los procedimientos para traducirlas en hechos concretos deben ser buenos, prolijos. Que las ideas terminen concretadas depende mucho menos de la bondad de las mismas, de la impecabilidad de los proyectos, que de la forma en que se procesó ese largo y arduo camino que va del proyecto a la realidad. La vida es muy compleja y esa complejidad se traduce en que en una sociedad conviven múltiples puntos de vista sobre un mismo asunto. No sólo no hay un único, obvio y evidente punto de vista, como a veces creen muchos teóricos, donde las opiniones se dividen en correctas e incorrectas, verdaderas y falsas, sino que tampoco hay exclusivamente dos posturas sobre algo, una a favor y otra en contra. La gama de matices es casi infinita.

Los procedimientos políticos suponen la forma de bucear en esa amplia gama de matices hasta lograr armar los consensos más amplios para que los propósitos se traduzcan en concreciones. Armar las mayorías necesarias para su aprobación, transformar las oposiciones en meras negativas y no en bloqueos, eliminar suspicacias, procurar que los rechazos sean producto de una inequívoca diferencia de ideas, y no de malas interpretaciones, de supuestos equivocados, de desconfianzas. En ese camino de traducir los proyectos en obras aparecen joyitas de ajedrez y aparecen chafalonías. Y en el Uruguay de estos últimos años el procedimiento para hacer la reforma de la seguridad social surge como una joyita, y el comienzo del camino hacia la reforma laboral como una chafalonía. Entre una y otra reforma se ve la distancia que media entre la filigrana política y la chapucería política.

Es necesario aclarar que desde esta postura de análisis político no se juzga la bondad ni la maldad de los proyectos en sí, porque todos los proyectos son buenos o son malos según las ideas políticas que se tengan, las valoraciones sobre la sociedad, el hombre y el mundo. Entonces a qué uno considera correcto y a qué incorrecto. Por qué hay joyas y chafalonías, filigranas y chapucerías. Lo correcto es hacer las cosas de manera tal que los propósitos que se impulsan se traduzcan en realidades, funcionen y obtengan aceptación. Lo incorrecto es caminar por caminos que no llevan a ningún lado, es impedir la concreción de las propias ideas, evitar que funcionen o que logren aceptación. Como se ve es una postura esencialmente instrumental. Es un juicio donde lo que prima es la valoración de la estrategia, la táctica, los movimientos y la correlación lógica entre propósitos y logros.

En este sentido, entre la reforma de la seguridad social realizada en 1995 y la parcial reforma laboral impulsada en este 2001 hay diferencias sustanciales. En primer lugar, al encarar la reforma se convocó a una misma mesa a los cuatro partidos políticos, las organizaciones empresariales y el movimiento sindical. Más tarde, cuando surgieron diferencias insalvables, quedaron en el bote reformista y participaron de la decisión sobre las líneas de la reforma la totalidad del Partido Colorado (Sanguinetti, Batlle y Pacheco), la totalidad del Partido Nacional (Volonté, Lacalle, Pereyra y Ramírez) y el Nuevo Espacio. Y si el Frente Amplio estuvo afuera, y si el PIT-CNT estuvo en contra, fue porque quedó absolutamente clara, fuera de cualquier equívoco, la existencia de diferencias insalvables entre la concepción del modelo de seguridad social de los impulsores de la reforma y el modelo de seguridad social de la izquierda. Y esas diferencias no fueron el producto de un supuesto apriorístico, sino la conclusión de largas e intensas jornadas de discusión. Para impulsar la reforma laboral el camino seguido fue lo suficientemente diferente, como que los asociados de la coalición, imprescindibles para que el proyecto logre las necesarias mayorías parlamentarias, se enteraron entre bocado y bocado de un almuerzo de empresarios de que el gobierno decidió promover esta reforma y cuáles eran sus lineamientos. Para ser más exactos, algunas figuras se enteraron allí, porque la mayoría de los legisladores tomó conocimiento del tema por televisión, junto al resto del país. Y en el mismo momento se enteraron los aliados del gobierno, la oposición (cuyo apoyo o al menos una oposición tolerante no hubiese sido ociosa), los empresarios (reales o presuntos beneficiarios de la reforma) y las dirigencias sindicales. Con ello el gobierno logró que cuando todavía no se ha redactado el proyecto de ley, ya enfrente problemas con el Partido Nacional, con el Encuentro Progresista-Frente Amplio y con el PIT-CNT. Tiene como primer obstáculo dificultades para contar con los 50 diputados y 16 senadores necesarios, y la posibilidad de una acentuación de la conflictividad laboral.

Pero aparece un segundo capítulo de diferencias. Cuando la reforma de la seguridad social se procuró evitar los equívocos; el más importante de los cuales era confundir una reforma del sistema que iba a afectar a los activos con medidas con impacto sobre los ya jubilados y pensionados. Y desde el primer artículo de la ley hasta todos los mensajes sobre el tema, machacaron hasta el hartazgo, y lograron que no hubiese equívocos. Los anuncios del ministro de Economía fueron realizados de la forma más irritativa posible para todos los sectores renuentes o desconfiados de las reformas laborales. El más desprolijo de todos sin duda fue el de la eliminación del límite diario (o semanal) de la jornada laboral, lo que rápidamente fue interpretada como dejar en las exclusivas manos del empresario determinar si sus asalariados deben trabajar 16 o 18 horas por día, los 30 o 31 días del mes, las 52 semanas del año. Cuán sencillo hubiese resultado invocar los convenios colectivos firmados y en aplicación en qué empresas y sindicatos acordaron regímenes de cómputo global del horario por semanas o por quincenas, en atención a las diferencias de necesidades diarias del trabajo. O invocar que la Universidad de la República hace muchísimo tiempo que otorga a muchos investigadores y técnicos la posibilidad de un horario global semanal, que les permite trabajar la cantidad de horas que resulten oportunas y en los días que resulten oportunos, siempre que al cabo de la semana se totalicen las horas a que está obligado el funcionario. Pero de un tema que tenía amplio camino de diálogo y posibilidades de aceptación, quizás muy amplias, quizás menos amplias, se pasó a levantar un fantasma que atemoriza a izquierdistas, centristas y derechistas.

Si el gobierno consideró que era el momento de emprender una reforma laboral, cuya importancia es puesta en duda por muchos empresarios grandes, que es reclamada con ahínco por los empresarios medianos y pequeños, y que levanta formidables recelos de las dirigencias sindicales, eligió el procedimiento más equivocado para impulsarla.